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Este año se cumplirán 19  años de las elecciones en las cuales los municipios del país tuvieron concejales surgidos de la votación popular, quienes a su vez se encargaron de elegir los alcaldes. Es momento entonces de revisar en qué situación se encuentra hoy  el municipio como institución angular del ejercicio de la ciudadana.

Hoy, las municipalidades ocupan un rol central en el desarrollo territorial del país, pero no se les han entregado mayores atribuciones   orientadas a resolver más oportunamente los problemas de índole vial, de transporte y desarrollo económico, tampoco se ha mejorado la carrera funcionaria, por nombrar algunos de ellos. Por el contrario, los municipios arrastran situaciones, como por ejemplo  un párrafo de una columna que el autor escribió en el  Diario Austral de Temuco, el 1 de febrero de 1994: “Las gestiones de los municipios están en el tapete de la preocupación pública. Lamentablemente esto no es por los avances en la consolidación de la democracia o por que se estén resolviendo los problemas de las comunidades, sino en gran medida porque se tiende a ver en el funcionamiento de estas corporaciones un fenómeno de corrupción que estaría creciendo peligrosamente”.

Al respecto, el mantenerse un modelo de gestión extremadamente alcaldicio herencia de gobierno de Pinochet, sin limitación de la reelección, ha conllevado a un protagonismo omnipresente de la primera autoridad comunal, lo que en la práctica distorsiona el rol del concejo municipal. Por una parte, están los concejales incondicionales de la gestión alcaldicia, que gracias a ello mantienen una buena llegada en la municipalidad, lo que les asegurará una futura reelección; en la otra vereda están quienes son los opositores al alcalde, que optan por utilizar su facultad fiscalizadora como un arma de desestabilización, lo que en muchas situaciones lleva a recurrir a la justicia en pos de la destitución.

Se agrega a este escenario perturbador, el exagerado protagonismo de los alcaldes, que busca responder al hecho de que el votante prioriza los atributos personales por sobre las posiciones ideológicas. Una de las debilidades de este fenómeno es que incluso los buenos ejercicios democráticos, como los presupuestos participativos, fondos vecinales o Pladeco, que tienen potencial  de participación, terminan siendo una potestad del edil y no se institucionalizan. Cabe mencionar que las asociaciones de municipalidades, si bien han alcanzado algunos éxitos en pos de sus asociados, responden más bien a  fines gremiales y corporativos.

Respecto a los planteamientos del gobierno actual, este más bien se orienta a incentivar la eficiencia y la calidad de los servicios, pero no es tema para él lo que a mi juicio es la gran carencia de nuestro ordenamiento municipal: la debilidad del ejercicio democrático de sus ciudadanos y de los órganos e instrumentos que lo debieran propiciar. La esperanza  la depositamos en la Ley 20.500  sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública que nos rige desde 16 de febrero  del presente año, pues viene hacerse cargo de  lo manifestado por nosotros en la columna anteriormente citada “Tomar en consideración en el proceso de toma de decisiones la participación de la comunidad, por cuanto si las decisiones surgen de amplios consensos, la población se compromete con estas soluciones y supera una actitud meramente demandante”.


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Alguien comentó sobre “Municipios y desarrollo local: más ciudadanía, menos clientelismos

  1. Concuerdo contigo en la última cita…creo que la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones es vital para que la comunidad se sienta parte del municipio….un caso exitoso es el de Peñalolén con Claudio Orrego a la cabeza de un proyecto comunal que es un ejemplo. No conozco otros casos similares y me parece que con Orrego ¡vale la pena la reelección!
    (aunque siempre es bueno un recambio, siempre hay gente capaz y con ganas, pero admito que soy su fan n°1!!)

    Saludos!

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