Hace unos meses se desató una polémica que cuestionaba el estratosférico financiamiento del Reality “Las Argandoña”, supuestamente con fondos estatales, según las malas lenguas de la competencia. Curiosamente muchos engancharon y se sumaron al rechazo masivo de ese descriterio, cuando en nuestro país el formato reality hace tiempo que ha sido aceptado. La desproporción del financiamiento no es el principal problema, después de todo, todos los realities son un culto a la opulencia sin trabajar, el problema precisamente es que, ya sean realities o de otro tipo, no hay programas financiados por el Estado en Chile. TVN es el único canal de gobierno que se financia con las leyes del mercado, es decir, si hay rating, si el cliente lo consume, se vende.
En otros países, la televisión pública puede coexistir perfectamente con la estatal. El ciudadano cuenta con la capacidad de escoger no entre los programas menos malos. BBC es un ejemplo. Nadie habla de estatizar todos los medios, como ha ocurrido en algunos países donde el monopolio estatal no admite una postura opositora. Solo se pide que lo estatal pueda competir en condiciones más justas con las empresas y canales que destinan millonarios fondos para realities, estelares, y superproducciones. Esto permitiría una variación en los contenidos – Ya casi no hay televisión infantil en tv abierta- y un impulso de la televisión educativa. Plaza Sésamo, Barney, Lazy Town, son experimentos que fueron posibles gracias a la existencia de un Estado que promovía la formación de sus ciudadanos a través de los medios.
Recordando el factor cuna, si un niño tiene acceso a la mejor educación escolar, tal vez no sea de suma importancia que los contenidos televisivos sean los mejores. Probablemente tendrá acceso a libros, música y todo tipo de cultura en la casa. Pero un niño de un estrato más bajo, se educará principalmente con la televisión. Una variedad de los contenidos sí puede jugar un papel crucial en su formación. Y esto no solo corre para los niños: nuestro proceso de formación termina no en la universidad, sino cuando dejamos de respirar. Sobre todo, ahora que la esperanza de vida crece con desmesura.
Más de una vez alguna iniciativa televisiva se ha visto frenada por las leyes del mercado. Los canales, que actualmente funcionan como una empresa, están sometidos a la voluntad de los patrocinadores, lo que les impide, por ejemplo, emitir un contenido que vaya en contra de algún producto que los financia, o promover algún programa que por falta de rating no conviene económicamente sacar al aire. A pesar de que los canales están obligados a emitir cierta cantidad de horas de contenido educativo, sale más a cuenta para ellos pagar la multa por incumplimiento de esta exigencia, que colocar algún programa en un horario que lo pueda ver algún joven.
Siguiendo con esta premisa de que el mercado limita los contenidos y los horarios de la programación educativa, hace poco ANATEL, la Asociación Nacional de Televisión, manifestó su descontento al Gobierno por tener que destinar horas de programación para una franja política electoral de primarias, en junio, para dar a conocer las propuestas a la ciudadanía. Incluso pidió un veto presidencial. El argumento esgrimido por ANATEL fue que “genera pérdidas económicas para los canales”. Esto es solo una muestra de cómo se anteponen las necesidades de las empresas frente a las de los ciudadanos que más que nunca necesitan conocer a fondo los candidatos para ejercer un sufragio responsable, más allá del candidato más simpático o con la campaña más entretenida.
El argumento en contra de la Asociación recuerda bastante al emitido por algunos políticos cuando se modificó recientemente la Ley Anti Tabaco, cuya razón para oponerse a esta era “Que bajarían las ventas de la industria del tabaco”. ¿Es más importante entonces el crecimiento de una empresa de cigarros que la salud de los no fumadores? Bajo esta misma lógica ¿Importa más la ganancia de un canal de televisión que una ciudadanía informada y que vote a conciencia? En un país donde toda la televisión se financia con patrocinadores, y por ende, por las leyes del mercado y sin ninguna intervención estatal, la respuesta a esta pregunta es, desgraciadamente, sí. Para ANATEL, claramente el valor formativo de la programación no es un tema. De continuar esto así, si el único criterio para emitir contenidos es el dinero, bien podríamos transformar toda la televisión chilena en realities y programas de baile. La pluralidad o variedad entonces no sería necesaria en la televisión, pese a ser una de las exigencias impuestas por la Cámara del Senado.
Todo ello ha desembocado en que la nula información sobre opciones políticas que entrega la tv, se manifiesta bajo la forma de burdas campañas que tienen de todo: jingles, rostros y hasta títeres, pero nada de la información que los ciudadanos necesitamos para votar, algo que debería ser responsabilidad de los medios masivos. Incluso si se acabara el binominal, como tantos lo plantean, los independientes seguirán siendo inexistentes si la televisión no los muestra, ya que no toda la población chilena tiene Internet. Y el binominal seguirá existiendo aunque lo saquen.
En este país las leyes deben promover la pluralidad en los contenidos, todo esto ha sido respaldado por el Senado recientemente. Pero otros aspectos aún están en discusión legislativa. El financiamiento actual que desfavorece a los contenidos regionales y comunitarios, es solo uno de ellos. Actualmente la televisión chilena pertenece a concesionarios y empresas que deciden los contenidos a emitir bajo parámetros económicos. Y por decidir, muchas veces esto significa dejar que los patrocinadores decidan. Ninguna marca va a querer que la publicidad de su producto sea emitida en un programa que nadie va a ver.
Frente a esto, el Estado debe plantear una alternativa que permita a otros actores participar de los medios masivos, ahora en formato digital. El fracaso de las Argandoña no es ni por asomo un fracaso de la industria televisiva. Si un reality no tiene éxito, simplemente se cambia por otro similar. Quienes están interesados en este formato son empresas que buscan el rating por sobre todo. La pluralidad garantizada por ley no se está cumpliendo. Programas financiados por el Estado, con contenidos de calidad; televisión comunitaria y regional, no son posibles con el modelo actual. Si ya se estipuló que la pluralidad es obligatoria, hay que hacerla cumplir. Con respecto a las maneras de financiamiento, la legislación está en proceso. Hay que formar parte de este cambio y exigir una mejor televisión.
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