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No es habitual que hechos comunicacionales enciendan simultáneamente las redes sociales y menos que sean convergentes desde el punto de vista de los derechos ciudadanos. Aunque esta relación no sea evidente a primera vista.

Bajo el Hashtag #TwitterEstaCerrandoCuentas los tuiteros comentan la suspensión o cierre de cuentas, la pérdida de seguidores, la falla de los servidores. Twitter no ha emitido ninguna explicación respecto a lo sucedido, ni está obligado a hacerlo.

Twitter y Facebook son servicios gratuitos por lo tanto no hay cómo reclamar ante algún servicio de defensa del consumidor por la caída del servicio. Por otra parte, ambas compañías, como la mayoría de las redes sociales, son servicios privados que tienen, y pueden modificar cuando quieran, sus propias reglas de participación. Cualquiera de estos servicios podría decidir según quien sea el dueño del momento, que no se puede hablar de religión, fútbol o política, que no se permiten usuarios que empiecen con Ñ, o que no se pueden publicar videos en idiomas “no oficiales”. Nadie podría oponerse legalmente o reclamar derecho alguno.

Es asombrosa la indefensión de las personas y comunidades en relación al uso de las redes sociales. Uno podría argumentar que en términos de la expresión de ideas y opiniones, de influir en la agenda pública, de crear movimientos ciudadanos son por lo menos tan importantes como el derecho a voto. (Por supuesto que esta afirmación puede ser muy discutida y para muchos, ser considerada una herejía)

Ciudadanía activa y televisión

La ola de denuncias al Consejo Nacional de Televisión, a propósito de una rutina de humor donde un personaje encendía un pito de marihuana, fue el otro hecho relacionado con la comunicación que inundó el Twitter chileno. Esto también cruza distintos aspectos del derecho de los ciudadanos a la comunicación.

Los principales ejes de los reclamos tuiteros fueron contra el CNTV, que en esta ocasión es el simple receptor de las denuncias, y contra las personas que hicieron las denuncias, quienes obviamente tienen derecho de utilizar los mecanismos de la institucionalidad vigente.

Hoy se puede cuestionar el grado de conocimiento sobre los medios o la representatividad del directorio a cargo del CNTV, pero no se parte de cero. Es una institución que puede cumplir un papel clave en la regulación y gestión de los temas relacionados con la televisión chilena, como la implementación efectiva de los espacios culturales en la televisión abierta; el respeto y expresión de la diversidad y el pluralismo político, social y cultural; el desarrollo de la televisión comunitaria, territorial o de intereses; la implementación de la Ley de Televisión Digital; la creación de canales de televisión educativa o pública.

El CNTV podría hacerse cargo de regular y orientar a uno de los mayores creadores de escenarios políticos y agenda pública, valores, “educación” y tendencias como es la televisión abierta. En los países en que no existe este tipo de instituciones, su creación es casi imposible pues los canales de televisión que usufructúan de la cesión del espectro radioeléctrico se oponen decididamente.

Rosario Puga @ladiosaodiosa expresaba en un tuit: “es alentador ver audiencias activas aunque los primeros que se movilicen sean los mojigatos. Lo que no puede pasar es que sean los únicos”. Interesante reflexión que ubica la conversación en la responsabilidad que tienen los ciudadanos de constituirse en una audiencia activa, que influya en el CNTV, y eventualmente también en una nueva  ley de televisión, de manera de incidir en las decisiones de un actor fundamental de la convivencia, la identidad, la política, los modelos culturales y sociales, la selección y tratamiento de los temas prioritarios… todos aspectos que se juegan día a día en la televisión abierta.

El derecho ciudadano a la comunicación

Los medios de comunicación y cada vez más las redes sociales son factores indispensables del ejercicio de la ciudadanía, que enriquecen su hacer y su reflexión. Al mundo político le preocupa la alta abstención en las elecciones, y que los jóvenes, y sectores cada vez más amplios de la población, no ejerzan el derecho a voto cada cuatro años; pero no es tema cómo se cuida y amplía el derecho de los ciudadanos a expresarse. Quizás porque con redes sociales fuertes el poder ciudadano no se deposita en una urna cada cuatro años, sino que se puede manifestar y ejercer directamente día a día.

En estos tiempos en que se debate la reforma al sistema y la necesidad de acordar una nueva constitución es preciso considerar la importancia que tendrán los sistemas de comunicación en el Chile del futuro… y también darse cuenta que el resultado de esa gran conversación nacional, de la cual la Asamblea Constituyente es solo una parte, dependerá del sistema de medios de comunicación, de transmisión masiva y de las redes sociales que tenemos hoy.

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