Debieran ser los expertos en el diseño y desarrollo de proyectos de participación social pero hoy la comunicación parece ser expertise de sociólogos y materia secundaria en las propias escuelas de comunicación.
La palabra “participación” se convirtió en un positivo lugar común en política. Hablamos habitualmente de la necesidad de construir una democracia “participativa”, de desarrollar mecanismos de “participación” ciudadana vinculantes, de políticas públicas con ese espíritu, de asamblea constituyente… en fin, de una sociedad aparentemente ansiosa por opinar y formar parte de su construcción.
Surgen iniciativas desde distintos frentes –especialmente del Estado y del llamado Tercer Sector- que buscan poner en práctica este modelo, con proyectos que nacen con más preguntas que certezas sobre cuál es el modo adecuado para que la ciudadanía sea protagonista. Proyectos pilotos de diálogos ciudadanos en educación; cabildos locales; presupuestos participativos; foros comunales, y un sinfín de programas que buscan poner a prueba un formato poco explorado.
Es aquí donde me pregunto quienes conforman el equipo de profesionales que lleva adelante este tipo de proyectos. Sicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, antropólogos y ¿periodistas o comunicadores sociales? Es probable que de incluirse a estos últimos, su función esté restringida a la difusión; es decir, a dar cuenta a la opinión pública de la nueva iniciativa que se está desarrollando. Es muy poco factible que se considere a un comunicador social como un profesional que debiera estar en la planificación, gestión y ejecución de proyectos donde el diálogo y las relaciones de comunicación son la base.
Hay distintas razones para explicar esta evidente paradoja. Por un lado, la comunicación ha sido siempre el pariente pobre de las ciencias sociales, pues su clasificación alcanza para disciplina pero jamás para ciencia. Desde ahí su validez como interlocutor en procesos de desarrollo social es escasa.
Por otro lado, aparece la disyuntiva entre lo que el Mercado pide y lo que la Universidad ofrece. Mientras el primero siga ofertando trabajos para periodistas ligados fundamentalmente a la construcción de noticias, la Universidad seguirá educando profesionales que sepan generar productos más que facilitar procesos. Y así, viceversa. ¿Qué debiera cambiar entonces?
Responder si es el Mercado o la educación la que debe dar el primer paso, es pretender entrar en la vieja discusión –perdida por cierto- de si es primero el huevo o la gallina.
Sin embargo, desde mi punto de vista, la Universidad tiene la responsabilidad de diseñar programas de estudio donde la comunicación como disciplina tenga un rol preponderante. El periodista/comunicador social debiera ser el experto en materias de participación, pues se supone que ser capaz de observar y trabajar en la dimensión comunicacional de los procesos sociales es nuestro fuerte.
Con profesionales que sepan diseñar herramientas para fomentar la participación; que sean capaces de tender puentes para generar diálogo; que faciliten los procesos de comunicación en proyectos sociales, es posible que el mercado entienda que un periodista es más que un escritor de crónicas y columnas de opinión.
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