Estamos atravesando una etapa caracterizada por constantes irregularidades en el quehacer político del país. De hecho, una de estas situaciones corresponde al denominado caso Penta, que es sin duda uno de los escándalos políticos más abyectos de los últimos años. Y en pleno proceso de formalización del grupo empresarial involucrado, la ciudadanía pide que los parlamentarios infractores renuncien de manera voluntaria a sus cargos. No obstante, hasta el momento solo uno de ellos, Iván Moreira, ha intentado salir del embrollo reconociendo su falta, pero sin atisbo de dimisión. Entonces, ¿basta solo con ofrecer disculpas públicas para enmendar su error? ¿Cómo podrán votar proyectos de ley con indudable conflicto de interés?
El artículo sexto del Reglamento del Senado señala que “los senadores tendrán el tratamiento de ‘Honorables’”. Análogamente, crecemos con la noción de que son personas intachables e imprescindibles para la democracia. En la escuela se nos enseña que ellos trabajan en el Congreso (cuya principal función es la elaboración de leyes) y que representan a un determinado distrito. Por consiguiente, en el Congreso reside la soberanía de la Nación; es decir, la autoridad suprema del Estado para manejar sus asuntos internos y las relaciones exteriores.
Ahora bien, ¿qué ocurre cuando se descubre que la candidatura de un parlamentario fue financiada de manera ilícita? Más aún, ¿cómo puede cumplir con probidad la responsabilidad que le delegó el pueblo?
Todas esas interrogantes serían impensadas si no hubiera salido a la luz pública el fraude tributario que involucra al Grupo Penta. Sus dueños, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín –quienes se enriquecieron gracias a las privatizaciones impulsadas durante la dictadura–, fueron acusados de evasión tributaria por el Servicio de Impuestos Internos (SII) tras comprobar una serie de irregularidades. Recientemente, la Fiscalía solicitó formalizarlos –entre otros imputados– por delito tributario y soborno. Es precisamente el transcurso de esta investigación la que ha sido llamada “Caso Penta”.
¿En qué momento el caso Penta se relaciona con la política? La respuesta a esta pregunta subyace a las declaraciones del ex gerente de Penta, Hugo Bravo, cuyo testimonio fue decisivo en la investigación, puesto que fue él quien reveló la existencia de “platas negras” para financiar la candidatura de algunos políticos.
Las declaraciones de Bravo se ratifican con los correos electrónicos que fueron publicados en un diario de circulación nacional, en el que los senadores de la UDI Iván Moreira y Ena Von Baer le piden ayuda para financiar sus campañas electorales. Por ejemplo, en octubre de 2013 Iván Moreira trataba de engalanar su petición de la siguiente manera: “¿Tú crees que se pueda un raspado de la olla para los últimos 100 m de campaña?” Al respecto, cabe preguntarse: ¿cuántos más habrán recibido el “raspado de la olla”? ¿Existirá, además de Undurraga, otro miembro de la Nueva Mayoría implicado? Al parecer, esto recién comienza a desvelarse y es solo la punta del iceberg.
A pesar de que la renuncia de los parlamentarios infractores es jurídicamente inviable, desde un marco ético deberían abandonar voluntariamente sus cargos. Sin embargo, lo más probable que ocurra –y así está sucediendo– es que para salir del embrollo solo ofrezcan disculpas públicas, permaneciendo en sus escaños. Lo pernicioso es que continuarán votando proyectos de ley con inminentes conflictos de interés. En consecuencia, como las sanciones son casi inexistentes, seguirán impolutos embaucando a la población.
En resumidas cuentas, podemos aseverar que el caso Penta servirá para que la ciudadanía entienda cómo funciona el mecanismo irregular de financiamiento de las candidaturas políticas y la endeblez de la Ley Electoral. Por otra parte, la única forma de condenar socialmente a los parlamentarios infractores es no votando por ellos en las próximas elecciones, y exigiéndoles la renuncia a través de la movilización y protesta ciudadana.
Ilustración Malaimagen