Se ha hecho un lugar común poner en cuestión la legitimidad de las instituciones y de las autoridades a partir del hecho de que carecerían de piso político para sustentarse en sus cargos.
Efectivamente, si bien el actual Gobierno fue electo con la mayoría de los votos de los ciudadanos que concurrieron a sufragar, las encuestas indican que carece incluso del apoyo de quienes eran sus propios partidarios, lo que llevaría teóricamente a la pérdida de su derecho a gobernar, lo que resulta lógico pero no suficiente para proceder a su destitución.
Al respecto, hay algunas precisiones que son útiles. En primer lugar, arrogarse el derecho a interpretar que el 72 por ciento de rechazo del Presidente Piñera en la última encuesta Cadem corresponde en su totalidad a personas que deseen efectivamente que abandone el cargo (sin contar con que el prestigio de esta empresa ha sido tradicionalmente puesto en duda por parte de los sectores que ahora la esgrimen como un argumento para la renuncia del Gobierno), es una falacia porque oponerse a la gestión de una determinada autoridad no significa necesariamente que se la desee sacar del cargo. El Gobierno se ha esforzado -hay que reconocerlo- en revertir las encuestas, y aunque no lo ha logrado la lógica es que si asumió por una elección debería ser despedido con una expresión del mismo valor de la voluntad ciudadana.
Esto lleva al segundo elemento a considerar. Nuestro ordenamiento legal no reconoce la existencia del plebiscito revocatorio. Ese es un instrumento que debería ser considerado en la próxima Constitución, en esa u otra forma, de manera que la pérdida de respaldo ciudadano respecto de una autoridad se traduzca en el cese de su cargo, pero mientras no exista un procedimiento de esa naturaleza lo que corresponde en derecho es que la continuidad de un sector político a cargo del Gobierno sea evaluada en la siguiente elección de Presidente de la República.
Otra posibilidad es convertir nuestro presidencialismo en un sistema parlamentario en que sea la mayoría del Congreso Nacional la que decida, ratifique o cambie al titular del Ejecutivo. Los países en que se procede de esa manera tienen una rotación de presidentes más alta, pero al mismo tiempo la figura presidencial tiene menos relevancia.
Finalmente, hay que considerar la cuestión de la legitimidad de una autoridad desde la perspectiva del origen de su poder y del ejercicio efectivo del mismo. Quien ha resultado electo por mayoría e incluso sigue manteniendo el respaldo ciudadano, puede perder su legitimidad si comete actos que van en contra de las leyes y del honor -aunque habría que definir exactamente qué es el honor-, por lo que no sería la adhesión ciudadana la que otorgue la legitimidad sino la forma de ejercer el poder. No es una discusión sencilla y no se resuelve por las mayorías ocasionales que parezcan producirse en las redes sociales., en donde sabemos que quien grita más fuerte tiende a ser visto como quien tiene la razón sin que sea así.