Estoy de acuerdo con lo que dijo la Presidenta “Chile necesita una nueva y mejor Constitución, nacida en democracia y que exprese la voluntad popular. Una legítima y respetada por todos, que la conviertan en un motor de unidad nacional”. Si partimos de ese supuesto, además del cómo se llevarán a cabo esos debates y de las distintas instancias de participación, es vital reflexionar sobre el qué se discutirá. ¿Cuáles son los contenidos que se van a discutir? y en particular ¿de qué manera entrarán en el debate los temas comunicacionales?
Sí concordamos con que la Constitución es la madre de las leyes, que define los valores que nos rigen y que entrega las reglas básicas de nuestra convivencia política, entre otras cosas, la agenda comunicacional debe ser parte de la discusión.
¿Cómo hacer que se vuelva “nuestra” constitución y que incorpore los temas de derecho a la comunicación que requiere nuestra sociedad? ¿Quiénes serán sus voceros y defensores? ¿Los académicos, los periodistas, empresas de telecomunicaciones y/o ciudadanía general? ¿Será éste el tiempo en que avanzamos definitivamente hacia la democratización de las comunicaciones?
Los temas de comunicación no son sólo temas técnicos (exclusivo de periodistas, comunicadores o dueños de medios), sino parte de un derecho humano básico de todas las personas. Por eso el mejor de los escenarios es ciudadanía informada defendiendo sus derechos comunicacionales y donde los profesionales de la comunicación hacen aportes específicos.
Las conversaciones sobre derecho a la comunicación tienen historia en nuestro país. Amarc Chile y su defensa a las radios comunitarias ha sido un ejemplo de esa apuesta de años. La acción más reciente, ocurrió la semana pasada en que se realizó, en la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, el III Encuentro de la Red Académica por el Derecho a la Comunicación (El primer encuentro fue en la Universidad de Chile y el segundo en la PUCV). Este año llevó por bajada “Nueva Constitución, Propiedad y Convergencia Medial” y congregó a un centenar de profesionales y estudiantes.
Esta red se formó a finales del 2015 y está integrada por ocho universidades (Universidades Academia de Humanismo Cristiano, Alberto Hurtado, Central de Chile, de Chile, Católica de Valparaíso, de la Frontera, de Santiago de Chile y de Playa Ancha) más el Colegio de Periodistas. Su finalidad es fomentar el debate y posicionar propuestas en torno a la democratización de las comunicaciones en la nueva carta constitucional.
Resulta interesante que dentro de las conversaciones y presentaciones hay temas de confluencia, por ejemplo, entre lo presentado por Patricio Segura Vicepresidente del Colegio de Periodistas; Claudio Avendaño del colectivo Democracia y Comunicación (Demco) y Chiara Sáez, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía del ICEI.
Una base común es reconocer que el derecho a la comunicación, aunque no esté consagrado legalmente, es un derecho que se vuelve necesario para complejizar y problematizar el derecho a la libertad de expresión que ha sido demasiadas veces entendido sólo como el derecho de algunos. En la Constitución actual, el concepto de libertad de expresión no está materialmente asegurado (sólo formalmente) y tiene una dimensión colectiva ausente que es clave para la vida democrática.
La diversidad y el pluralismo son requisito para la salud de la democracia. ¿Entenderemos a los medios de comunicación simplemente como empresas o tendrán trato como empresas culturales? Necesario también se hace re-pensar el rol público de todos los medios y la importancia de medios públicos para que enriquezcan un sistema medial desnivelado. En este contexto, varios son los que hablan de la necesidad de que existan los tres sectores: medios públicos, comerciales y comunitarios (la experiencia de países hermanos es interesante en este camino). En estos medios ¿cómo queremos priorizar los criterios de rentabilidad y el interés público? Si parte del rol del Estado es “suplir” al mercado, habrá que identificar también las características que se requieren para un posible Estado democrático con responsabilidad social en temas comunicacionales.
Dentro de la pregunta por los medios, las tecnologías de información y comunicación (TIC) siempre aparecen con sus particularidades y en las dinámicas de convergencias que desordenan todas las clasificaciones rígidas. ¿Queremos que Internet sea un bien público? ¿Apoyaremos procesos de formación de manera que efectivamente se pueda ejercer como un derecho para todos y todas? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para garantizar acceso y potenciar usos significativos?
El vínculo entre comunicación y ciudadanía es ineludible. Por eso, también este tiempo de debate nos dará la oportunidad de conversar sobre qué tipo de políticas comunicacionales necesitamos, cómo la formación ciudadana se nutre de procesos de comunicación y educación y qué estrategias utilizaremos para empoderar a actores sociales diversos, como niños y niñas, para que efectivamente sean ciudadanos protagonistas en esta nueva construcción social.
Naturalmente cada colectivo instalará sus áreas de interés y focalizará energías en ciertas batallas. Sin embargo, la primera gran lucha común es que ésta conversación salga del espacio de los que siempre hablamos de comunicación para que inunde otras conversaciones y se vuelva un tema efectivamente ciudadano. Hablar de derecho a la comunicación es hablar de justicia social y de ejercicio de ciudadanía. Dicho de otra manera, una democracia saludable requiere de ciudadanía informada, deliberante, responsable de sus decisiones y co-constructora de un proyecto social común.