Esta semana se ha producido una polémica por las quejas de dos de los ocho candidatos presidenciales, a raíz de una supuesta decisión de la banca de no concederles créditos para financiar sus campañas, a cuenta de la devolución que hará el Estado de acuerdo a la cantidad de votos que obtengan.
Siempre se ha considerado de mal gusto hablar de dinero, especialmente entre quienes lo tienen, pero en este caso se trata de asegurar la igualdad de condiciones para la competencia presidencial, aunque, en honor a la verdad, no se escuchan reclamos similares respecto, por ejemplo, de la equidad en los medios respecto de la cobertura de las campañas de los ocho candidatos.
El tema del dinero no es, en todo caso, lo relevante sino asegurar que efectivamente los candidatos no gasten más recursos de lo que les está permitido por ley. El foco debe estar puesto en la transparencia porque esta es la elección más reglamentada en la historia nacional y se necesita que no se hagan trampas por el interés del país.
De lo que se trata es de emparejar la cancha para que la competencia sea justa y se consideró que para eso era suficiente prohibir las donaciones de empresas, disminuir el plazo legal de campaña (que pocos cumplen) y establecer un monto máximo de gasto.
Suele haber una asociación perversa entre el dinero y la política, responsabilidad de los propios políticos que han abusado del sistema y se han plegado a la idea de que nada está prohibido si no lo dice de modo explícito la ley, aunque vaya contra la lógica de la ética.
Siempre habrá motivos para la crítica, y ahora los dardos se han dirigido en términos generales contra la banca, pasando por alto que el Banco del Estado no le puede prestar dinero a los parlamentarios en ejercicio por una interpretación estricta de la ley y que en el caso de Guillier han sido solo dos de los 19 bancos existentes en el país los que no han querido darle un préstamo, amparados en la ley porque no están obligados. Nuevamente, es una decisión legal pero que se ve mal, al menos para esos dos bancos del sector privado.
Hay que señalar, por último, que en estos tiempos en que han quedado en evidencia importantes casos de corrupción, el Gobierno y el Congreso se han apresurado en legislar para evitar situaciones similares en el futuro, pero el apresuramiento ha sido excesivo. Otro punto que hay que indicar es que habitualmente la legislación se hace pensando en dejar en condiciones desventajosas a los candidatos independientes, y eso es responsabilidad de los parlamentarios y gobernantes que militan en partidos políticos.