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En el contexto de un país movilizado que cuestiona el orden instaurado en diversos ámbitos, las políticas de comunicación no son objeto del debate público. Sin embargo, las cuestiones de fondo que marcan el rumbo de los proyectos de ley pendientes de debate y sanción -Ley de Televisión Digital Terrestre y Ley de Televisión Pública- remiten ineludiblemente a los denominadores comunes de las crisis aparentemente “sectoriales” que sacuden al país: ¿Qué distingue a los bienes públicos de los bienes de consumo? ¿Cuál es el sentido y la misión del Estado? La transición hacia la Televisión Digital Terrestre se ha desarrollado en forma casi secreta.

En las escasas oportunidades en que el tema llegó a los medios masivos, fue desde una perspectiva meramente tecnológica. No obstante, la pregunta central es qué modelo de TV quisiera darse este país en las próximas décadas y en qué medida se concibe a la comunicación como un derecho de la ciudadanía, y no del conjunto de consumidores.

Pese al desalentador proceso que se vivió desde las organizaciones de la sociedad civil en el paso del Proyecto por la Cámara de Diputados, entre mayo y agosto de 2011, resultó posible acercar algunas propuestas al Senado y al Gobierno para modificar el proyecto original. Esto implica que en un corto plazo quedaría en claro en qué medida el Gobierno y el Senado han tomado en cuenta las voces de la ciudadanía representadas en las organizaciones sociales.

Aunque afecten profundamente la vida de todos y todas, las cuestiones vinculadas a las políticas de comunicación parecen ser objeto de interés de ghettos especializados, conformados, por una parte, por actores del mundo académico y de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas al tema, y los representantes del mundo empresarial y gubernamental, por el otro. Ejemplo de ello es la ausencia de debate público sobre la transición hacia la Televisión Digital Terrestre. En las contadas ocasiones en que los medios masivos abordan el tema, lo hacen desde una perspectiva meramente tecnológica, sintonizando en este sentido con el discurso gubernamental.

Sin embargo, tal como ocurre en otros ámbitos de las políticas públicas profundamente cuestionados en estos tiempos -como el medioambiente o la educación- las decisiones que se tomen en el corto y mediano plazo se asocian indeleblemente a un modelo de sociedad y de país. En el caso de los debates en torno a la política medioambiental o educativa, no obstante, la fuerza que fueron cobrando en la agenda ciudadana ha sido tal, que los medios masivos no han podido omitirlos o presentar un único enfoque.

Otro es el panorama en el caso de las políticas de comunicación, en donde el círculo vicioso parece demasiado aceitado como para quebrarlo: la agenda de los medios no da cabida a una discusión plural sobre el tema, dado que los propios medios son la parte más interesada en mantener el statu quo; la ciudadanía, por su parte, difícilmente puede acceder al debate, exceptuando sectores especializados en la materia. En este contexto, las redes sociales y los medios digitales aparecen como una posibilidad de romper el cerco informativo y un espacio donde intercambiar opiniones e información que no logra permear los medios masivos.

El proceso que recorremos de lo analógico a lo digital se parece más a una transición plagada de cruces, que a un salto entre dimensiones inconexas. En este escenario, caracterizado por el creciente surgimiento de híbridos, tal vez se trate de ir descubriendo posibles articulaciones entre las redes sociales y los medios masivos que potencien comunicaciones más enriquecedoras de la democracia.

 

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