Dos comunicadores/as de radios comunitarias arriesgan penas de presidio por aplicación de artículo 36B(a) de la Ley General de Telecomunicaciones.
Ambos decidieron enfrentar juicio oral
Comunicadora mapuche fundamenta defensa en ley indígena y convenio 169 de OIT
Las radios Tentación de Paine y Kimche Mapu del valle Puquiñe Lumaco, de la comuna de Lanco , son dos emisoras comunitarias afectadas por la legislación vigente que criminaliza el uso sin licencia del espectro radioeléctrico imponiendo sanciones penales. Marcelo Nuñez Fuentes y Mireya Manquepillán Huanquil han rechazado la salida alternativa y enfrentarán un juicio oral. Ambos fundamentan esta decisión como un acto en favor de la libertad de expresión y como forma de denunciar que en Chile se penaliza este ejercicio.
El caso de Radio Kimche Mapu, contraviene además los derechos humanos sociales y culturales de la comunidad indígena mapuche que conforma el Centro de educación, comunicación y cultura Kimche Mapu del valle Puquiñe-Lumaco. La aplicación del artículo 36B(a), contradice los deberes del Estado establecidos en la ley indígena y en el convenio 169 de la OIT ( Organización Internacional del Trabajo), que obligan a respetar el derecho a asociación y a expresión de los pueblos originarios.
Dicho artículo fue incorporado en el año 1994 a la Ley General de Telecomunicaciones, considera como delito de acción pública a quien opere servicios de radiodifusión sin autorización y establece penas de presidio , multa y decomiso de los equipos e instalaciones.
En reiteradas oportunidades la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, ha denunciado y exigido a las autoridades y al parlamento la derogación de esta legislación ya que contraviene la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, suscrita y ratificada por el estado de Chile. En su Artículo 13 sobre libertad de pensamiento y de expresión este instrumento establece que, “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
El gobierno de Michelle Bachelet no cumplió con el compromiso acordado acordado con organizaciones sociales en enero de 2010, para enviar y tramitar con suma urgencia un proyecto de ley de artículo único que eliminaría las penas de presidio a quienes transmitan sin concesión regular. Posteriormente en agosto 2010, el senado rechazó la indicación al proyecto sobre telecomunicaciones en condiciones críticas y de emergencia, que buscaba reforzar el objetivo de asegurar las comunicaciones en estas condiciones eliminando las penas de cárcel establecidas en la legislación vigente.
Desde esa fecha hasta hoy han continuado las denuncias , los allanamientos a radios comunitarias, las formalizaciones a sus comunicadores , dos de los cuales enfrentarán ahora juicio oral y arriesgan penas de presidio.
Reiteramos la demanda hecha por AMARC ante los comisionados de la CIDH ( Comisión Interamericana de Derechos Humanos) en su comparecencia de octubre 2010 , en el sentido de exigir al Estado chileno que tome la iniciativa de derogar las leyes que criminalizan la radiodifusión y que cesen los procesos en contra de comunicadores/as comunitarias.
Hacemos nuestro el planteamiento de AMARC ALC en Declaración de Lima , noviembre 2005 que sostiene (el) “ rechazo absoluto a la existencia de reglas penales que castigan a los medios de comunicación comunitarios que no tienen posibilidad de regularizar su situación en condiciones democráticas y accesibles”. En Chile, las iniciativas de radiodifusión comunitaria enfrentan severas limitaciones de acceso al espectro que no mejorarán con la próxima entrada en vigencia de la nueva ley nº 20.433 que regulará los servicios de radiodifusión comunitaria y ciudadana. Así mismo, existe congelación de nuevos concursos hasta 2014 para nuevas concesiones, lo que impide regularizar la situación de muchas organizaciones sociales que gestionan radios vinculadas a la comunidad.
Denunciamos los intensos lobby empresariales que lleva adelante ARCHI ( Asociación de radiodifusores de Chile) , que ha utilizado la dimensión sancionatoria de la ley de telecomunicaciones para promover el cierre de radios que transmiten sin licencia e incitar la denuncia a aquellos ciudadanos y ciudadanas que optan por hacer uso del espectro y ejercer su derecho a expresarse .
AMARC en Chile hace un llamado a las organizaciones e instituciones chilenas de derechos humanos, a aquellas que trabajan en libertad de expresión y a la ciudadanía en general a defender el derecho y libertad de las radios comunitarias y de la ciudadanía a emitir y recibir información. Así mismo, advierte sobre la necesidad de informar a organismos internacionales de derechos humanos y relatorías de libertad de expresión, para que pongan atención sobre Chile en lo relativo a la existencia de sanciones penales que se configuran como restricciones al derecho a la información y a la libre expresión, así como en la urgencia de impulsar un cambio en la legislación, que asegure y garantice el acceso igualitario de la ciudadanía a las frecuencias radiales.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC en Chile
Jueves 1 diciembre 2011