Los medios de comunicación masiva detentan el poder de construir las condiciones de posibilidad a las representaciones de la sociedad, instaurando los márgenes entre lo posible e imposible. Por esto, la comunicación masiva es una herramienta crucial a la hora de instaurar sentido común en la sociedad, en tanto constructora de una parte importante de la opinión pública.
La relación entre el Estado y los medios de comunicación durante el siglo XX tuvo como punto de partida la Constitución de 1925, en la cual se aseguraba a los ciudadanos “la libertad de emitir, sin censura previa, sus opiniones, de palabra o por escrito, por medio de la prensa o en cualquier otra forma”. Esta fue la tónica del comportamiento estatal ante este mercado: regulador de que se cumplieran ciertas garantías mínimas, tales como la libertad de expresión y la no generación de monopolios (cosa que no nos interesa cuestionar en esta columna). Es decir, el rol del Estado se fue configurando con la función de regular y controlar el desarrollo espontáneo del sistema de medios, constituyendo lo que algunos autores denominan un ‘consenso implícito’ en cuanto al régimen de los medios de comunicación masiva que sólo se vio cuestionado por las propuestas de campaña de la Unidad Popular.
Por otra parte, una de las primeras acciones emprendidas por la dictadura cívico-militar chilena fue el secuestro total de la opinión pública, clausurando todo medio de comunicación de inclinación distinta al régimen. Así, la comunicación fue uno más de los ámbitos en que se entregó el derecho de comunicar a los grupos de poder cercanos a la dictadura, estructura que si bien ha recibido pequeños cambios, se mantiene tal cual hasta el día de hoy. Desde entonces, y con la venia de los gobiernos de la Concertación, el mercado ha sido el único criterio utilizado a la hora de configurar el sistema de comunicación masiva, lo que si bien a primera vista parece un simple problema doctrinario en cuanto a la creencia absoluta en el mercado como regente de la sociedad, tiene un trasfondo político que no podemos dejar pasar de lado.
La intrínseca pluralidad de la democracia y las relaciones de poder como constitutivas de las identidades colectivas, imponen el desafío de encontrar una forma de tomar las decisiones, de normar el poder, que sea verdaderamente acorde a los valores democráticos. Así, la existencia de una pluralidad activa como condición sine qua non de la democracia, debe ser el criterio base para la construcción de la opinión pública. El antagonismo o división social es inherente a la existencia de un régimen democrático y justamente el desafío en cuestión, dentro de lo que los medios de comunicación juegan un papel importante, es combinar lo político (existencia de proyectos políticos antagónicos) con una práctica democrática.
Actualmente la construcción de opinión pública en el sistema de medios de comunicación chileno se organiza a partir del paradigma que comprende una estructura piramidal del mismo y cuya única función es la transmisión de información. Vale decir, el sistema de comunicación de masas se caracteriza por una altísima cuota de concentración y capacidad de penetración en la sociedad. En este sentido, en el sistema de medios actual se comprende la comunicación como un mero proceso de transmisión, en vez de considerarlo el espacio en el cual puede desarrollarse la necesaria discusión pública en torno a temáticas de relevancia. Así también, al ser la concentración una de las características más importantes de nuestro sistema de medios, lo que está en juego es el derecho a ser parte de la representación colectiva de una comunidad nacional. De esta manera estamos en presencia de la instalación de un sentido común determinado en la sociedad, que comienza impide toda acción o proyecto que pueda tener como objetivo algo distinto de aquello que defienden los grupos de poder, naturalizando el orden establecido. Así, todo aquello que no forme parte del statu quo es presentado a la ciudadanía como terrorismo o acciones antidemocráticas. El mejor y más reciente ejemplo de esto es el tendencioso tratamiento de la violencia en las manifestaciones ciudadanas por parte de los medios de comunicación de masas. Así también, el tratamiento por parte de los medios masivos respecto del problema que ha tenido históricamente el Estado con el pueblo mapuche, ha derivado en que éste sea tratado como ‘conflicto mapuche’.
En definitiva, lo que está en juego cuando hablamos de comunicación es la calidad y profundidad de la democracia que estamos cultivando como país. Al ser nula la diversidad de actores que participan del proceso comunicativo y de representación nacional en la actualidad, lo que existe es una opinión pública cooptada por ciertos sectores ideológicos, económicos, raciales y culturales, lo que no permite la construcción de una opinión pública realmente representativa de las especificidades que caracterizan a nuestra sociedad y que permita su contraposición y debate.
Es urgente que como país seamos capaces de establecer un derecho a existir como legítimo otro en tanto diverso. Para ello es necesario un sistema de medios autónomo y que permita a los distintos actores y sectores sociales influir en la discusión pública, configurando una ciudadanía crítica y participativa de la vida pública de nuestro país. El cómo se construye la opinión pública es un debate capital a la hora de pensar cómo hacemos de este un país más democrático e inclusivo. Por esta razón, en momentos en que parece estar abierta una ventana de construcción política de transformación en nuestro país, la problemática de la comunicación de masas debe constituir parte central de los proyectos políticos nacientes y verdaderamente democráticos.
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