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Así como al olmo no se le pueden pedir peras, a la democracia tampoco se le puede pedir lo que no es, y lo que está ocurriendo con el proceso de designación de las autoridades del próximo Gobierno es una demostración de ello.

Se puede criticar y con justos motivos al modelo de democracia representativa que existe en la mayoría de los países del mundo, pero mientras no sea reemplazado por otro sistema más eficiente, es necesario entender que la vida en sociedad exige que se respeten las reglas vigentes.

Esto no está ocurriendo con las designaciones, ya que los partidos declararon acatar la autoridad de la Presidenta electa para que ella resolviera sobre esta materia, pero a la vuelta de un par de días comenzaron a cuestionar, directa o indirectamente, algunos nombres, recurriendo a argumentos que se escapan a los requisitos formales que cabe pedir a una autoridad de Gobierno.

El caso más claro es el de Claudia Peirano, designada como Subsecretaria de Educación.   Ella no ha cometido delitos, solamente trabajó para una empresa que mantiene colegios particulares subvencionados, lo que tampoco es un delito.  ¿De qué se le acusa? De no compartir el propósito de asegurar la gratuidad total de la educación, ya que hace tiempo atrás declaró no estar de acuerdo, pero posteriormente trabajó en el Programa de Gobierno que propone la gratuidad, aunque no de manera tan taxativa como querrían los impulsores de esta iniciativa.

Aparentemente, los defensores de la educación gratuita estiman que los cargos en el Ministerio de Educación deben ser designados según sus exigencias, y no por la apreciación de la Presidenta Electa.   Algunos de los partidos se han sumado discretamente a las críticas, como si estuvieran tanteando el terreno para reclamar más espacio y, por el otro lado, el ex-ministro Brunner llegó a calificar a los dirigentes estudiantiles de “narcisistas”, por considerar que el tema educacional gira en torno a ellos.

¿Toda esta disputa forma parte del sistema democrático?   Sí y no.   La ciudadanía puede expresar sus puntos de vista, pero nadie puede arrogarse la representación del conjunto de la ciudadanía; los gobernantes cuentan con todas las facultades para ejercer su autoridad, incluso contra mayorías circunstanciales, pero no pueden ignorar la crítica bien fundada.

Es una ecuación difícil de equilibrar, pero es más difícil aún al momento de considerar la apreciación de los actores políticos, ya que lo que los medios de comunicación representan, lo que transmiten las redes sociales, no siempre refleja la verdad ni las opiniones predominantes en la sociedad.

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