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Nadie negaría que el ejercicio de la política incluye la negociación entre los distintos actores para lograr la aprobación de determinadas iniciativas, pero ese juicio tan políticamente correcto puede verse alterado por errores de percepción respecto de la realidad como consecuencia de dar por incuestionables situaciones que sí debían cuestionarse, como la propia posibilidad de transar.

Es un hecho que, a partir de este nuevo Gobierno, las fuerzas oficialistas disponen de las mayorías necesarias en el Congreso Nacional para aprobar la mayoría de las propuestas que quieran impulsar, pero al mismo tiempo parecen coexistir dos posiciones al interior de la Nueva Mayoría respecto a esta situación.

Por un lado, quienes sostienen que el Programa de Gobierno no se puede modificar por ninguna razón, lo cual puede considerarse como una demostración de dogmatismo que resulta llamativa.   Por otra parte, están quienes consideran que hay espacios en los que se puede conversar con la oposición, aunque advirtiendo de todos modos que los aspectos centrales de los proyectos no entran en la posibilidad de ser cedidos en nombre de un acuerdo amplio.  Esto es casi un guiño de educación, pero que, en el fondo, tiene la misma convicción por llevar adelante las promesas realizadas.

Están en todo su derecho, eso no se niega.   Del mismo modo que es un hecho que la elección de Michelle Bachelet como Presidenta va aparejada de un mandato popular para que se lleve adelante su Programa de Gobierno.

Lo que sucede es que la historia reciente del país no ha sido así.   Con la recuperación de la democracia en 1990 se acuñó el término “la democracia de los acuerdos”, que significaba en la práctica que cada medida tenía que ser consensuada entre oficialismo y oposición.   Es posible que nos hayamos acostumbrado a que nadie puede imponer sus puntos de vista y nos resulte atemorizante asumir que un Gobierno pueda, de verdad, cumplir con sus promesas, lo cual resulta francamente absurdo desde el momento que esa es la intención de todo candidato y que para eso es precisamente la democracia.

Esta situación significó que, en muchos asuntos, pareciera difícil distinguir el discurso de un líder de izquierda del de uno de derecha.  El problema que se nos presenta ahora, sin embargo, es comprobar si nuestros dirigentes políticos en el Gobierno tendrán la capacidad de cumplir efectivamente sus propuestas sin la excusa de culpar a la oposición por trabar los proyectos de ley, mientras que los de oposición tendrán que demostrar su capacidad de competir por el poder en este nuevo escenario.

También está por verse cómo interpretará la gente esta situación, si nadie le explica el sentido del cambio.

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