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Después de casi un cuarto de siglo, esta vez sí parece haber acuerdo para modificar el sistema electoral binominal que, por siete elecciones parlamentarias consecutivas, permitió la consolidación de un modelo de partidos bipolar, en contra de la tradición nacional que siempre reflejó tres tercios con un Centro fuerte.

El repudio de la ciudadanía a la política parece ser el principal argumento para explicar este cambio de actitud que, aparentemente, sí avalaría en esta oportunidad la modificación, acompañado, como es lógico, de la aspiración de los partidos de dejar de recibir las críticas de los votantes.

Sin embargo, la propuesta conocida vuelve a pecar de algunas incongruencias que servirán de base para mantener la desconfianza.  Lo principal es que no se reemplaza el sistema electoral binominal sino que se amplían los cargos a elegir en algunas de las circunscripciones y distritos, que no es lo mismo que cambiar el binominal por un sistema efectivamente proporcional, aunque se parezca.  Incluso en algunas regiones se seguirá eligiendo a dos senadores, es decir que para los votantes de esas zonas, el binominal se mantendrá en pie.

Adicionalmente, hay tres aspectos de simple lógica que no fueron considerados en la propuesta del gobierno.   En primer lugar, que no se ve razón para que algunas circunscripciones y distritos elijan más o menos parlamentarios que las otras.   Una regla básica de la democracia es que el voto de todos vale el mismo y se podrá argumentar que se busca precisamente que el voto individual, el voto per cápita se podría decir, sea lo más equivalente posible, pero los antofagastinos, por ejemplo, podrán pensar de todos modos que no es justo que ellos elijan dos senadores mientras Santiago elige siete.

En segundo lugar, otro elemento desaprovechado es utilizar el sistema electoral para corregir las distorsiones existentes en la realidad, en especial cuando se trata de dar mayor representación a las minorías.   Este proyecto lo intenta con la situación de las mujeres, que están muy lejos de representar en el Congreso la mitad que son del conjunto de la población nacional, pero nada se contempla respecto de otros grupos, como las mismas regiones que quedan desbalanceadas en su representación frente a los principales centros urbanos a lo largo del país, ni tampoco de otros grupos minoritarios, como los indígenas o los jóvenes.  ¿Por qué no se reserva parte de la Cámara de Diputados a las etnias originales o a los menores de 30 años, por ejemplo?

Finalmente, tampoco se contempla ninguna propuesta para compensar el virtual monopolio de los dos grandes bloques de partidos.   Se mantiene la exigencia de alcanzar el 5 por ciento de los votos para la existencia de los partidos políticos, cuando con ese porcentaje deberían tener seis diputados, y los independientes siguen castigados en sus posibilidades de ser electos por no asociarse a una de las dos grandes coaliciones.

De todos modos, esta reforma es positiva porque es un avance, pero que no se diga que con ella se resuelve la crisis de representatividad que aqueja a la democracia chilena, al igual que a muchas otras en el mundo.

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