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Lo público y lo privado ha suscitado una discusión amplia durante el último tiempo en diversos ambientes. Si bien renombrados académicos y políticos han hecho sendos aportes desde sus particulares visiones me atreveré a plantear mi opinión al respecto.

Lo público y lo privado lo podemos entender desde diferentes perspectivas conceptuales, identificarlas inicialmente es necesario para centrar la discusión, por lo que hablaremos primeramente desde el sentido de “la propiedad”. Con todos los matices y criticas que podemos hacer respecto a la propiedad por parte del Estado, por definición propiedad “pública”, es entendido como lo que no pertenece a un particular, sino que a todos quienes conformamos el Estado, o sea a la sociedad. Así desde el sentido de la propiedad, lo Estatal es sinónimo de lo público, en tanto que la pertenencia de la propiedad a personas particulares es lo privado.

Definido lo anterior debemos pasar al plano de los intereses o fines de una institución indistintamente de la propiedad de esta. En la educación superior, por poner un ejemplo, tenemos dos perspectivas; la primera entiende conceptualmente a la educación como un objeto de consumo o bien inmaterial. Según lo anterior lo que entrega la educación es un valor agregado al trabajo de un individuo que aumentará su valor en el mercado laboral, un valor agregado el cual se compra como un bien y que satisface una necesidad o deseo individual. Esta visión de bien de consumo, difícilmente entra dentro de la concepción de lo público, ya que se entiende que es un bien que aporta un beneficio netamente personal.

Sin embargo una segunda postura es respecto a la educación no como un acumulo de conocimientos técnicos que aumenta el valor del trabajo, sino a la generación de individuos críticos, con una visión país, potenciales generadores de cambio y que dentro de su formación esté la intención de entregar sus conocimientos al servicio y mejoramiento de la sociedad. Entramos así a entender el objeto de producción (la educación) como un bien público cuando este escapa a la esfera individual, siendo en este caso indiferente la propiedad de quien produce este bien público, que en este caso sería la educación; bien que queda disponible para el conjunto de la sociedad.

En concreto encontramos dos tipos de instituciones educacionales (tanto públicas como privadas); unas que se dedican a entregar/vender un producto técnico, enfocado exclusivamente en las necesidades del mercado laboral, aportando un valor agregado al costo del trabajo de un individuo y por otro lado tenemos instituciones que tienen por fin, generar agentes críticos cuyo aporte primario sea el desarrollo integral de la sociedad.

Otro ejemplo que podemos dar es en el plano de las instituciones de la salud, donde se cumplen parámetros similares a los anteriormente descritos. Al igual que en educación tenemos el tema de la propiedad (Estatal/público, privado) y además la producción de un bien de uso. Este bien de uso desde el punto de vista individual es la cura de la enfermedad y la recuperación de la salud, lo anterior para mantener la productividad y el desarrollo normal de la vida de una persona. Desde el punto de vista de “lo público” está el establecimiento de lógicas de atención que aporten a la salud pública, lo que podríamos llevar a la práctica por ejemplo, en la generación de programas de prevención y promoción efectivos o la producción de evidencia científica que aporte a la disminución de la carga de enfermedad de toda la población, independiente de la propiedad de la institución que lo genera. De esta manera podríamos diferenciar una institución de salud que cumple un rol público, de una que cumple un rol enfocado a lo privado.

Volviendo a los conceptos generales, como tercer parámetro podemos hablar de la forma en la cual se produce lo que podríamos llamar un bien público. Si entendemos a la sociedad como un sistema de clases sociales (desde una perspectiva económica, social y cultural) encontramos que el Estado, que por definición es lo público desde la propiedad,  responde a las clases sociales y al sistema económico dominante. Esta columna no pretende entrar en detalles de propuestas ideológicas, sin embargo existe cierto discurso que intenta superar este hecho (la hegemonía de las clases dominantes) entregando el control del aparato Estatal a la sociedad; esto mediante la descentralización del Estado y el establecimiento del control comunitario y territorial de sus instituciones, a través de formas democráticas de base. Esta propuesta entiende lo público en cuanto a que la forma en que se producen bienes sociales, como educación y salud, deben responder en fondo y en forma a las necesidades emanadas por las mismas comunidades, siendo estas quienes controlen las instituciones de manera horizontal y directa y no como se producen actualmente en donde existe una orgánica central que toma las decisiones de manera representativa. Lo anterior se aplicaría no solo a lo público perteneciente al Estado sino que además de aquellas de propiedad privada que se jacten de ejercer un rol público.

Integrar estos tres conceptos es muy complejo y la interacción entre ellos debería definir finalmente la existencia de financiamiento por parte del Estado hacía instituciones  de “propiedad” privada en virtud de su rol público; ahora la definición del rol público necesariamente seguirá pasando por el debate nacional.

Sin embargo avanzar a la democratización efectiva de cualquier organismo (perteneciente al Estado o de propiedad privada) debería ser un eje fundamental para definir hoy “lo público” y que en caso de querer ejercer este rol, cualquier organismo independiente de su propiedad, vinculación ideológica o espiritual, preste un servicio destinado a las necesidades de la comunidad y definido por esa misma comunidad. Un eje democrático no solo transparentará automáticamente las gestiones internas, sino que además establecerá dinámicas que retroalimentarán la generación de conocimiento, fomentará el acceso a la información de las administraciones y establecerá comunidades internas basadas en la democracia, el respeto y la participación; hechos fundamentales para fortalecer los lazos comunitarios y democráticos de cualquier país y sociedad en el mundo.

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