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En los tiempos de la dictadura, un reportaje de Teleanálisis, que se preciaba de ser una fuente televisiva alternativa a los medios tradicionales, mostraba una serie de entrevistas a pobladores precisamente sobre la televisión, tratando de demostrar que las versiones oficiales no eran creíbles pero llegaban invariablemente a un testimonio que decía algo como “si lo dice la tele, debe ser verdad”.

Esta situación parece estar cambiando en las últimas semanas, a partir de una serie de abusos que han generado la indignada reacción de la ciudadanía que ha copado el buzón del Consejo Nacional de Televisión, tanto en los comentarios que realizan algunos panelistas en programas de farándula como en los propios noticieros de televisión.

La última joya de la corona la aportó la psiquiatra María Luisa Cordero, que lleva cerca de doscientas denuncias al Consejo Nacional de Televisión por sus opiniones denigrantes sobre el aspecto de dos jugadores de la selección nacional de fútbol, además de ganarse el repudio de sus ciudadanos en las redes sociales.

No se trata de sumar gestos de rechazo a la Dra. Cordero, sino de apuntar a la creciente convicción de los televidentes respecto de su derecho a protestar por el material que entregan en la actualidad los canales nacionales de televisión abierta, que está tomando camino a convertirse en un hito tan fundamental como el uso de las redes sociales para organizar las manifestaciones de las personas que se oponen a determinadas iniciativas que consideran nocivas para sus derechos.

Están lejos los días en los que la televisión se organizó bajo la premisa que su función era “informar, educar y entretener”.   La aparición del “people meter” y la obligación de lograr el autofinanciamiento por parte de instituciones que dejaron de ser estatales o universitarias para convertirse en simples empresas comerciales han significado que se privilegie exclusivamente la función de la entretención.  Si se trata de mantener un sistema político en el que los derechos de las personas sean objeto de privilegio, se requiere un sistema de autorregulación eficiente y el Consejo Nacional de Televisión hasta ahora ha aplicado multas que resultan risibles frente a los ingresos publicitarios que logran los canales a partir de la exposición de personajes que llaman la atención por su capacidad de provocar escándalos.

Sin duda, este modelo de televisión permisiva está agotando la paciencia de la gente, y a falta de soluciones institucionales, son las propias personas las que hacen uso de su derecho a defenderse de la mediocridad y tendrán que obligar a los canales a revisar sus políticas editoriales.  Por ahora son multas y la crítica en el ciberespacio, pero silenciosamente se está produciendo además una importante disminución de la audiencia, y esa es un arma de los televidentes que duele mucho más que cualquier sanción pecuniaria.

Sitiocero Cultura

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