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Parafraseando a Galileo Galilei, la tensión entre las regiones y el centralismo santiaguino comienza a moverse de nuevo, pero esta vez no es a causa de la ineficiencia de las autoridades locales del Gobierno anterior que no fueron capaces de anticipar la fuerza de la indignación provinciana hasta los estallidos sociales en Magallanes, Coyhaique o Freirina, sino que es el propio Gobierno actual el que ha abierto la puerta para que se movilicen en una iniciativa como es la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional.

En el día de ayer concurrí a uno de los diálogos regionales organizados por este organismo, mandatado para entregar sus propuestas en el mes de septiembre, y fue sencillo constatar que la fuerza de las regiones insatisfechas con la concentración política, económica, administrativa, cultural y social sigue tan intacta como ocurrió con los estallidos sociales del 2012.   En esa oportunidad, las protestas fueron por motivos específicos, pero ahora se abrió el dique por parte del Ejecutivo para que las regiones reclamen lo que siempre han pedido, pero de manera institucionalizada, es decir participación efectiva en los beneficios del desarrollo económico y autonomía para decidir su destino.

Esta es una demanda contenida por décadas.  Se pueden rastrear en la historia nacional diversos conflictos por el mismo tema desde hace un siglo y medio, pero es evidente que el tema quedó aún más expuesto desde que la dictadura impuso el plan de regionalización y descentralización administrativa en 1978.  La aparición de dos nuevas regiones desde entonces es señal de las tensiones existentes al interior de las propias regiones, sin contar con el permanente antagonismo con Santiago, al que desde las provincias se le denomina como Santiasco.

Sin embargo, dentro de las exigencias regionales hay un conjunto de propuestas conducentes a reducir el poder político de Santiago y de los partidos políticos centralizados, como todo, en la capital.  ¿Permitirá el poder santiaguino que los intendentes sean elegidos por la gente, que existan partidos políticos regionales, la autonomía regional?  Aunque no se contempla aún la organización federal del país, sí se proponen territorios autónomos y que un porcentaje de las riquezas generadas en las regiones queden en ellas.

Es indudable que Santiago lo percibirá como una amenaza y más si se considera que para parte del poder la idea de abrir el dique es casi lo mismo que permitir el desmembramiento del territorio.  Es una exageración, por supuesto, pero el temor es real, y aunque se entiende que no es manejable un país tan concentrado la alternativa parece dudosa.  ¿Pero qué ocurrirá si las expectativas no se satisfacen? ¿Habrá nuevos estallidos sociales?   El aviso está puesto sobre la mesa porque, como la Tierra y Galileo, ya está comprobado que la gente de las regiones se mueve cuando lo necesita.

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