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Transcurridos ya seis meses de la actual administración, parece instalarse en el centro del debate el verdadero asunto de fondo: ¿Debe mantenerse en el país el grado de libertad que impuso la dictadura o se hace necesario establecer algunas restricciones en nombre del bien común?   Hay que agregar además la cuestión siempre indefinida respecto a si la libertad es un principio universal o si debe tener una graduación distinta dependiendo si se habla de la economía, la política o la vida íntima de las personas.

Sin duda, la libertad forma parte del discurso de la corrección política, aunque las distintas corrientes filosóficas tengan apreciaciones distintas sobre su sentido. El diccionario dice que es la facultad de la persona para actuar de una u otra manera o de no actuar incluso, y agrega que es de la libertad que emana la responsabilidad.

Naturalmente, de esa responsabilidad surge la sanción y, por ende, el derecho de la sociedad a establecer regulaciones que van más allá de la ley natural, cuestión cuya definición también podría ocupar largas horas de discusión sin que se llegue a acuerdo.

En términos prácticos, la discusión actual debe centrarse en la facultad que tiene el Estado para adoptar nuevas regulaciones o modificar las existentes.   ¿Es válido?   Si, lo es en la medida que es un Estado administrado por un Gobierno electo democráticamente.   Eso no se puede poner en duda, pero lo que sí se podría cuestionar es si el respaldo mayoritario de la ciudadanía se mantiene a la hora de conocer en detalle cuál será la restricción a ese estado de libertad previo.

Lo ocurrido en la comuna de Providencia respecto a la decisión de cerrar más temprano los locales con consumo de alcohol en determinados barrios es el modelo perfecto para la discusión.   Algunos argumentan su derecho a divertirse en el horario que quieran, otros su derecho a poder disfrutar del descanso nocturno y la autoridad ha ejercido su facultad de adoptar una nueva normativa.  Ya hay cuatro recursos de protección y serán los tribunales los que definan una discrepancia que roza la filosofía.

¿Es posible delegar en la autoridad la decisión de una materia que la sociedad no ha resuelto?   En estricto rigor, sí, pero desde el punto de vista político siempre es conveniente tomar medidas que cuenten con el respaldo ciudadano.

Los argumentos se aplican para cualquier decisión que impacte en la vida en sociedad, desde el cierre de la botillería en una calle determinada a un cambio en las reglas de funcionamiento de la educación o cualquiera de las reformas comprometidas por la actual administración.   Pero no se discuten los temas de fondo sino la superficie y, sobre todo, se cae en una guerrilla entre los distintos bandos políticos para obtener la simpatía de los electores para la próxima campaña.

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