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De acuerdo a lo prometido, durante este mes la Presidenta anunciará la forma en la que se realizará el proceso para culminar con la elaboración de una nueva Constitución Política para la República de Chile.   Las expectativas van desde encargar la tarea al Congreso Nacional -este o el siguiente- a la convocatoria a una asamblea constituyente.

En una de esas coincidencias que llaman a suspicacias, la Universidad del Desarrollo publica una encuesta que señala que un 73% de los consultados no sabe las materias que contiene una Constitución, un 82% que no puede explicar qué es una Asamblea Constituyente, un 67% que no conoce el principio de la separación de los Poderes del Estado, un 65% que no sabe lo que es una ley.

Esos son los datos más significativos, y aunque se pueda sospechar de la encuesta, las cifras son suficientemente abultadas para llamar a la reflexión.

Esta situación, que cualquiera puede corroborar en una conversación familiar o con los amigos, permite obtener dos conclusiones bastante obvias.  En primer término, que la discusión sobre la Constitución tiene mucho más de slogan político partidista que de reflexión racional y objetiva; y en segundo término que cualquier proceso constituyente responsable exige una labor pedagógico previa para que estemos todos de acuerdo respecto de lo que se habla.

Hay que decir, por ejemplo, que la importancia de una Constitución reside en que establece los principios de convivencia de una sociedad, y a partir de ella se construyen la institucionalidad de un país, lo que significa que ninguna ley pueda entrar en contradicción con la Constitución.

La Constitución es también la definición del conjunto de valores que integran a la Nación.  Es en la Constitución donde se definen los derechos y deberes de las personas, los límites del Estado, la exposición del tipo de sociedad a la que se aspira.

Es tradicional que una Constitución disponga que las personas son el centro de atención de la legalidad y las instituciones, la que explicita que el Gobierno, los tribunales y el Parlamento no pueden intervenir en las atribuciones del otro.

Las Constituciones, entonces, tienen que ser concordadas por la más amplia mayoría de las personas porque establecen el marco en el que un país se ordena a sí mismo, son una suerte de carta de navegación que compromete al conjunto de la comunidad en la construcción de un modelo de sociedad y es por eso que no pueden ser impuestas por un sector y tienen que ser hechas para durar muchos años.

Por supuesto, eso exige que se sepa de qué se está hablando y tener la capacidad de consensuar acuerdos básicos.

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