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Alguna vez, estando de visita en Chile, el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez comentó que este era el único país que había conocido en el que se vendían las leyes en la calle, como si fueran libros o revistas, y esa observación retrata claramente un rasgo distintivo de nuestra idiosincrasia porque resolvemos todos los problemas con leyes.

En la actualidad contamos con más de 20 mil 800 leyes, incluyendo muchas que son consideradas como absurdas, como la prohibición de lavar los autos en la calle, romper monedas, o apropiarse de pelos o plumas de animales ajenos.

Nuestro legalismo es fácilmente comprobable con observar el surgimiento de proyectos de ley a propósito de muchas noticias que llaman la atención de la opinión pública, aunque muchas veces esas ideas se quedan solo en el anuncio porque a la hora de comprobar en las páginas web del Congreso el avance de su tramitación es recurrente comprobar que pasan años sin que se analicen las propuestas.

Si alguna de esas mociones llega a convertirse en ley, nos quedamos satisfechos pensando que con eso basta para resolver los problemas, casi como estuviéramos un peldaño más cerca del Paraíso.  Es una ilusión, naturalmente, porque el papel impreso no soluciona nada si no está también la voluntad de las autoridades por aplicar la ley y por prevenir las triquiñuelas de los profesionales que se han hecho expertos en la interpretación de las normas legales de acuerdo a sus propios intereses.

Por otra parte, si existiera de verdad una sólida formación moral y ética en la sociedad y las personas, las leyes no requerirían tribunales para sancionar a quienes las trasgredan ni tendrían que estar permanentemente adecuándose a la creatividad de quienes buscan ventajas en los resquicios que pueda tener un texto legal.   Eso es lo ideal, como también es utópico suponer que por la sola publicación de una ley se puedan corregir de manera permanente todas las faltas a la ética y la moral.

La ley debe ir acompañada de la educación, pero cuando las personas ven que las autoridades de cualquier naturaleza violan la ley y no sufren castigo por ello, entienden dos cosas.  Primero, que la aplicación de la ley no es pareja y por lo tanto que el marco legal de la sociedad no es justo.  Y segundo, que si los poderosos violan la ley, los débiles también pueden intentarlo.

Entonces, a la carencia de moral y ética, hay que agregar la necesidad de la consecuencia.  Que el discurso que se declara cuando se sorprende un abuso no sólo apunte a la redacción de una ley sino que incluya además la condena correspondiente.

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