El diálogo es sin duda la herramienta más concreta y efectiva para resolver diferencias. En un conflicto o desacuerdo, todas las partes involucradas deben –como condición sine qua non- estar presentes en la búsqueda de la solución, pues de lo contrario, la iniciativa nace de antemano abortada.
Desde hace algunas semanas, la prensa ha dado cuenta de una “mesa de diálogo” o “comisión presidencial”, para abordar el conflicto que el Estado mantiene por años con el pueblo mapuche, en particular en La Araucanía, y que cada cierto tiempo florece como brasas sin extinguir.
Desde el retorno a la democracia, cada administración ha abordado este tema desde su propia perspectiva, sin que necesariamente exista una continuidad respecto de los compromisos adquiridos, ni en las políticas públicas. En 1989, al término de la dictadura, fue Patricio Aylwin, entonces candidato presidencial, quien estableció el diálogo con el pueblo mapuche, firmando el histórico Acuerdo de Nueva Imperial. De ahí nació la CONADI, compromiso que el Estado cumplió a medias en materia de estructura organizacional y presupuestaria. Sería bueno revisar y hacer una evaluación de las políticas públicas en materia indígena de estos casi 30 años.
Hasta hace algunas semanas, la crítica al actual gobierno era que la temática estaba siendo abordada desde lo judicial por el entonces ministro del Interior, Jorge Burgos, y que esa postura se distanciaba del programa de Michelle Bachelet.
En el marco de la celebración de We Tripantu, Año Nuevo mapuche, y Día Nacional de los Pueblos Originarios decretado por el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 1999 al término del primer proceso de “Diálogos Comunales” con las comunidades mapuche, este 24 de junio, en La Moneda, la Presidenta anunció una nueva propuesta: un millonario crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se ejecutará a través de Corfo, institución que aportará otros US$20 y apalancamientos adicionales para llegar a los US$180 millones.
Pero el impacto comunicacional no fue el esperado, ya que la Presidenta fue “golpeada” -término de la jerga periodística para describir la difusión anticipada de una determinada información o anuncio- por El Mercurio que esa mañana y horas antes de la actividad en Palacio, tituló: “Gobierno presentará propuesta de desarrollo indígena, que contempla programa de apoyo del BID por US$40 millones” que “tiene por objeto contribuir al aumento de los ingresos económicos de los pueblos indígenas de Chile, a través del desarrollo de un mecanismo innovador de apoyo a iniciativas empresariales, económica y socioculturalmente sustentables en los siguientes sectores: agropecuario, forestal, energías renovables no convencionales (ERNC) y turismo“. La descripción del objetivo deja de manifiesto que en el diseño de este programa no fue considerada la cosmovisión; es decir, la relación que con el Universo y la Madre Tierra mantienen los pueblos originarios.
El artículo también indica que el gobierno, con el nuevo ministro del Interior, Mario Fernández liderando la materia, busca “soluciones concretas“, “instalación de mesa de diálogo” amplia para cumplir el compromiso adquirido por la mandataria en su visita a La Araucanía. El domingo 3 de julio, El Mercurio retomó el tema, indicando que esta iniciativa se encuentra entre las preocupaciones de Fernández, lo que es confirmado por el Obispo de Temuco, Héctor Vargas, en La Tercera del mismo día. En el artículo el prelado indica que el gobierno le solicitó, a través de la Subsecretaría del Interior, contactar a representantes del mundo mapuche. Esta mesa, que en sí es una buena iniciativa, debe -sin embargo- ser liderada desde el Gobierno Regional de La Araucanía, ya que de lo contrario corre el riesgo de desdibujarse en el tiempo. Es importante que sea representativa y transversal, y que exista la voluntad del Obispo de Temuco por prestar sus buenos oficios para acercar posiciones, pero el conflicto sigue siendo del Estado, por lo que debe ser este, desde el lugar mismo del conflicto, vale decir La Araucanía y no desde Santiago, quien lidere este proceso de manera seria, amplia, responsable y sin exclusiones.
Estas iniciativas gubernamentales están, sin lugar a dudas, directamente relacionadas con el informe que emitió Philip Alston, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema, luego de su visita a Chile el año pasado, y de la cual -simbólica o coincidentemente- la prensa dio cuenta el 21 de junio, inicio del solsticio de invierno y celebración del Machaq Mara, Año Nuevo Aymara.
Alston fue en extremo claro. Sostuvo que “El pueblo indígena es el talón de Aquiles de Chile en derechos humanos” y puntualizó temas tales como la tasa de extrema pobreza, que de acuerdo a su informe alcanza el 8.2 por ciento en los pueblos indígenas, el doble de lo que arroja la estadística en la población no indígena. Además, destacó su falta de representación política, la que evidencia como nula en cargos de representación popular en el Congreso, y fue taxativo al afirmar que “ninguna iniciativa de gobierno podrá eliminar la pobreza si este no se hace cargo de la situación de los pueblos originarios“.
Tiene razón la Presidenta Bachelet al manifestar -en entrevista al Diario El País de España- que el mundo hoy está globalizado y que este proceso económico no desaparecerá simplemente porque no nos gusta o no nos acomoda. Pero sí es responsabilidad de los gobiernos diseñar políticas públicas con pertinencia para cada sector de la población. Es decir, los chilenos del norte no tienen las mismas características ni necesidades que los del sur. De igual forma, los pueblos originarios tienen particularidades y diferencias culturales y territoriales entre sí y con el resto de los habitantes del país.
Si de verdad queremos como país avanzar en la deuda que el Estado mantiene con los pueblos originarios, y en particular con el pueblo mapuche, el desarrollo debe ser con respeto, reconocimiento, identidad, pertinencia cultural, participación y representación política. Solo así estaremos construyendo una sociedad realmente intercultural.
[*] Mirna Concha ha trabajado durante más de veinte años como asesora comunicacional, especializándose en temas de género, migraciones, derechos humanos y desarrollo indígena.