El reciente episodio del informe sobre la situación del Servicio Nacional de Menores (Sename) es un ejemplo perfecto de un hecho en el que todos pierden. Pierden los niños del Sename que siguen en la desprotección, pero también pierde la clase política -Gobierno y oposición- que en este episodio ha vuelto a confirmar que le interesa más su disputa de trincheras que resolver los problemas.
Es crudo decirlo, pero es sabido que los niños no votan y, por lo tanto, la tendencia siempre ha sido utilizarlos intensamente en el discurso, pero no considerar sus necesidades ni sus problemas. Eso también se confirma.
La opinión pública ha hecho una lectura superficial de este caso. Nadie lee casi 600 páginas de un informe que además hay que saber buscarlo para encontrarlo, pero en el fondo las críticas han estado bien orientadas gracias al instinto ciudadano, que puede no saber mucho de cómo se manejan los hilos del poder, pero se da cuenta cuando las soluciones no llegan.
El asunto es, en apariencia, muy simple: Miles de niños abandonados o que han cometido delitos pasan a la protección del Estado, pero ya sea este directamente o a través de instituciones particulares financiadas por el Estado, se han cometido maltratos o no se les ha brindado la atención médica mínima y en el lapso de diez años han muerto 1.313 niños y adolescentes que pudieron estar vivos en este momento. La cifra de los fallecidos fue difícil de obtener y en el proceso los menores llegaron a ser calificados como “stock”. Igual que los tarros de duraznos en conserva que un supermercado tiene guardados en bodega antes de venderlos. Ni siquiera ha llegado a cuantificarse la cantidad de menores torturados y de los que han sido víctimas de abuso y tráfico sexual, dato no menor pero que ha sido pasado por alto.
En lugar de corregirse un sistema que claramente no funciona, se desató la disputa política, y en lugar de allanarse a hacer cambios evidentes el Gobierno decidió que el informe contenía una crítica a su gestión que podía dar pie a demandas judiciales (nacionales e internacionales), y los niños definitivamente quedaron en el camino dentro de una discusión que no tiene más sentido que demostrar quién gana.
Hay, sin embargo, un asunto grave al que no se le ha dado tampoco atención. Cuando los diputados oficialistas acatan la voluntad del Ejecutivo, se daña la autonomía que debe tener el Parlamento para fiscalizar los actos del Gobierno, en especial cuando son evidentemente reprochables. Es normal que un parlamentario oficialista defienda a su Gobierno pero se ve muy mal cuando todos tenían ya un juicio negativo sobre la gestión gubernamental en el caso del Sename.