La disputa entre el Ejecutivo y los parlamentarios socialistas, a propósito de los dichos de la ministra Secretaria General de Gobierno Cecilia Pérez por la presunta vinculación entre el PS y el narcotráfico, tiene una doble interpretación. En un primerísimo plano, está la disputa contextualizada en las evidentes diferencias ideológicas y el propósito de medir fuerzas para doblegar a la contraparte, esto es o que la ministra se disculpe por sus dichos o que los parlamentarios socialistas vuelvan a permitir que subsecretarios y asesores del Poder Ejecutivo puedan ingresar a las comisiones legislativas.
Sin embargo, hay una segunda lectura que es mucho más profunda y cuya existencia sólo se puede constatar conociendo la historia política nacional de los últimos 30 años y que es consecuencia del sistema político que tenemos, denominado como presidencialismo exacerbado, tan extremo que el modelo que impuso Pinochet para gobernar sin contrapesos no ha querido ser modificado por ningún Presidente de la República en treinta años. Esta mirada de largo plazo es la que no suele hacerse y permite entender los procesos de una forma más amplia.
La gente suele criticar al Congreso Nacional por su inutilidad, pero pocos saben lo limitadas que son sus funciones. Ni senadores ni diputados pueden proponer ningún proyecto de ley que represente un gasto fiscal o signifique la creación de una nueva facultad de algún organismo público. Pueden pedir al Ejecutivo que patrocine esos proyectos, pero la verdad es que el Ejecutivo muchas veces ni siquiera responde esas peticiones.
Se dice también que los proyectos demoran años en ser tramitados, pero no se recalca que es el Ejecutivo el que fija los plazos para la discusión. Evidentemente, las pocas mociones admisibles para los parlamentarios quedan al final de la lista de espera y los proyectos del Ejecutivo son apurados para su rápido despacho.
Es frecuente escuchar la queja parlamentaria por ser tratados como un buzón del Ejecutivo, pero la verdad es que en todos los gobiernos de todos los signos políticos se ha preferido mantener la figura de un Presidente fuerte y los parlamentarios son considerados como poco más que un grupo de personas a las que se les debe pedir la opinión pero no es obligatorio hacerles caso.
Es en este escenario que el malestar de los parlamentarios socialistas con la ministra Pérez puede extenderse hasta dificultar las relaciones entre dos Poderes del Estado que deberían ser equivalentes en dignidad y prerrogativas, y es precisamente en este mismo escenario que el Ejecutivo -una vez más- confunde la contingencia con la trascendencia, la disputa pequeña con la planificación de largo plazo, y ha entrado en una polémica con tácticas de boxeador en lugar de la prudencia del ajedrecista.