A propósito de la convocatoria a una marcha contra los inmigrantes, prohibida por la Intendencia Metropolitana por no dar garantías de orden, se han planteado dos quejas por parte de los organizadores. Por un lado, que se les estaría coartando su derecho a expresión y, por el otro lado, que mientras a ellos se les niega el permiso, sí se permiten las manifestaciones de otros grupos de Izquierda.
En este reclamo, aparentemente justo en una vista superficial, hay una distinción que es la que hace la diferencia. Los grupos de izquierda -trabajadores, estudiantes, feministas, etc.-no plantean una crítica contra el sistema democrático en sí mismo sino respecto de políticas públicas que sí son discutibles porque forman parte del debate político. La marcha contra los inmigrantes. Por el contrario, sí es un ataque contra la democracia, primero porque algunos de los organizadores han llamado a concurrir con armas y, segundo, porque se protesta contra los inmigrantes cuyos derechos están protegidos por el sistema democrático, la Constitución y las leyes.
Se debe tener en cuenta además que la libertad de expresión es un derecho propio de la democracia. Ni en dictaduras ni en monarquías existe el derecho de libre opinión, lo que debe llevar a entender que se trata de un derecho que forma parte sustancial de la democracia y cualquier abuso en su ejercicio constituye, por lo tanto, una presión contra el ordenamiento legal que sustenta la democracia.
Hay una vieja discusión sobre el derecho de la democracia a defenderse a sí misma de las amenazas en su contra. En estricto rigor, todo está permitido dentro de la democracia, pero nada fuera de ella.
Es fácil torcer las interpretaciones para exponer conclusiones que no son realistas, y es lamentablemente muy difícil explicar las reglas de la democracia, en la medida que son conceptos abstractos para la mayoría y, por ende, arduos de hacer entender al momento de su aplicación práctica en la realidad.
Parte del problema de interpretación y comprensión obedece al largo tiempo que, como país, hemos dejado transcurrir sin educación cívica, sin fomentar la reflexión y permitiendo que los titulares sean el argumento de la discusión sin entrar al fondo del debate porque resulta “aburrido” y no atrae rating televisivo ni vende diarios.
Otra parte del problema viene de la renuncia que ha hecho la autoridad -tanto en el Gobierno como en la oposición-a su deber pedagógico. Se prefiere, como los medios de comunicación, el mensaje corto y directo sin entrar en complicaciones porque, suponen, que la gente no está capacitada para atender asuntos más complejos y ya es hora de reconocer que las personas entienden cuando se les explica.