John Toland, irlandés, discípulo del filósofo inglés John Locke fue uno de los primeros en ser llamados freethinkers. En el siglo XVIII escribió duras críticas contra la jerarquía de la Iglesia Católica en su libro “Cristianismo sin misterios”. Esto le valió la censura, la pérdida de oportunidades, de amigos y la cárcel. Su pecado fue destacar la correlación entre la razón natural y los conceptos cristianos, bajando el perfil a lo sobrenatural. En adelante, toda actitud destinada a resaltar lo racional en desmedro de cualquier dogma se consideró una tarea de librepensadores.
En Chile (guardando las distancias), Cristián Warnken (poeta, profesor y comunicador social) recibió una metralla de críticas por entrevistar al ministro de salud, Jaime Mañalich. Ocurrió hace poco, en un ciclo llamado “En persona”, auspiciado por Icare (un gremio empresarial). Él sabía que dicha autoridad no es “santo de devoción” para muchos, pero es la voz oficial sobre las políticas hechas o por hacer de la pandemia. Es cierto que existen otros médicos y representantes de organizaciones ciudadanas para hablar del Covid-19, sin embargo, el objetivo de Warnken era la defensa del ministro sobre su quehacer. Algo muy similar a lo que hace cualquier periodista al cubrir un frente noticioso: Reportea al representante oficial del sector y a medida que se desarrolla la noticia, busca otras voces. En el formato de entrevista (no reportaje), las regla del juego son que, tanto entrevistado como entrevistador, están abiertos a las críticas y a los comentarios de los espectadores. Warnken fue cuestionado no por los contenidos, sino que por invitar a un sujeto incluido en una tácita “lista negra”. En pocas palabras, cometió el pecado de no sumarse a una red de censura destinada a personajes “detestables” del gobierno.
El artículo de Rudy Wiedmaier
La “Funa” se desató con el artículo escrito por el cantautor Rudy Wiedmaier en El Desconcierto. Bajo el título “No, Cristián”, el músico detalló las actividades compartidas con Warnken en contra de la dictadura militar y la pasión mutua por los poemas de Jorge Teillier. Luego, denostó a Warknen por rebajarse a invitar a un representante de un gobierno cuestionado por los derechos humanos. Agregó, arrogándose una superioridad moral, que esto significaba dejar atrás a los pobres y desposeídos de Chile. Dedos acusadores emergieron de todas partes, hasta que un grupo de académicos y políticos firmaron una carta en su apoyo. El mismo Warnken se defendió argumentando que, en sus programas culturales “La belleza del pensar” y “Una belleza nueva”, siempre había invitado a personas nacionales e internacionales de todo el espectro ideológico.
¿Quiénes tendrían que estar en la “Lista Negra”?
Si asumimos el argumento de Rudy Wiedmaier, ningún personaje relacionado con gobiernos que hayan lesionado los derechos humanos (afectando a los más pobres y desposeídos) debiera ser entrevistado. Obviamente, estarían en este paquete todos los representantes y colaboradores del régimen militar de Pinochet. Por cierto, durante dicha dictadura abundaban las “listas negras” con opositores vetados en los medios de comunicación. Como Jaime Mañalich no ocupó cargos en aquel régimen, sino que en un gobierno democrático acusado de vulnerar los derechos humanos, habría que sumar al listado a todos aquellos que han ejercido puestos en mandatos similares. Así, desde 1990, tres han sido los grandes conflictos que han recibido duras sanciones por parte de organismos de DDHH.:
1-El despojo de las comunidades Pehuenches durante la construcción de la Central Ralco en el Alto Bío Bío. Correspondiente a los mandatos de Eduardo Frei Ruiz Tagle y Ricardo Lagos.
2-Caso de las muertes en el Sename (Servicio Nacional de Menores) bajo el mandato de Michele Bachelet.
3-Violencia policial, torturas y pérdida de globos oculares por balines, durante el estallido social (actual gestión de Sebastián Piñera). En noviembre del 2019, José Vivanco, vocero de Human Rights Watch presentó un duro informe sobre el tema, sugiriendo una reforma de Carabineros.
El drama de los Pehuenches
A través de una ley de amarre firmada por Pinochet, la Central Hidroeléctrica Ralco (Endesa-España) fue motivo de una larga epopeya que salió a la luz pública en 1996, al comenzar su construcción en territorio Pehuenche, en el Alto Bío Bio. Aunque en esos años no existía el INDH (Instituto de Derechos Humanos, fundado en el 2009 por Michelle Bachelet), sí estaban vigentes la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y la Comisión Nacional de Medio Ambiente. Ambas entidades libraron una gran batalla en defensa del legado indígena y la valiosa biodiversidad del río Bío Bío. Fue un complejo y bullado caso al que se sumaron entidades ecologistas de todo el mundo. En pleno gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, divergencias dentro de la Conadi y la Conama, las hicieron perder su rol fiscalizador, fueron silenciadas y pasaron a ser entidades burocráticas. En el 2003, durante la presidencia de Ricardo Lagos, llegaron a Chile representantes de la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos y Rodolfo Stavenhagen, relator de la ONU- DDHH. Se firmó un acuerdo donde el Estado se comprometió a compensar a la comunidad Pehuenche, liderada por las hermanas Nicolasa y Berta Quintraman. En el 2013, con la muerte (posible suicidio) de Nicolasa, se observó que el Estado solo había cumplido con reconocer el Convenio 169 de la OIT y la formación de una comuna en el Alto Bío Bío.
Los horrores del Sename
La oscura realidad de estos niños huérfanos y vulnerables estalló con la muerte de Lissette Villa, en el 2016. Entonces, el diputado René Saffirio solicitó a Hugo Herrera del INDH el listado de fallecimientos de menores desde el 2005. La respuesta estremeció a la opinión pública: 449 niños habían perdido su vida en una institución estatal destinada a protegerlos. El terremoto continuó. Saffirio renunció a su partido político ante la negativa de éste para investigar a la directora del Sename (y militante DC), Marta Labraña. Sorpresivamente, la cifra bajó a 185 y se acusó a la ministra de justicia, Javiera Blanco de manipular los datos. Hugo Herrera fue reemplazado por Branislav Marelic, uno de los líderes estudiantiles del 2011. En una entrevista al diario The Clinic (10.03.2018) denunció las pugnas internas del INDH. Señaló haberse enfrentado a los miembros de mayor edad, quienes se negaban a aceptar temas fuera de la dictadura militar. También, describió presiones para no investigar en profundidad y llevar los casos a la justicia. Al estilo Conadi-Conama, el joven Marelic fue también destituido en el 2018. Indignado, se defendió en la Corte de Apelaciones. Esta primera instancia judicial le dio la razón, no así la Corte Suprema. Poco después, un informe de la ONU determinó que “la violación de los derechos humanos de los niños que están al cuidado del Servicio Nacional de Menores es sistemática y grave”. El documento ofreció instrucciones para resolver y compensar. Varias siguen pendientes (Fuente: CIPER 31.07.2018).
El dolor de los sin voz
Impresionado por la situación del Sename, Cristián Warnken escribió en su columna de El Mercurio, un llamado a buscar soluciones: “La interpelación de los niños”. Cito uno de sus fragmentos: “¿Cómo será el momento feroz en que la inocencia ya no puede resistir tanto horror y vejamen y se triza en mil pedazos?”.
Como vemos, la “lista negra” de los censores es bien larga. Me pregunto si Saffiro, Hugo Herrera y Branislav Marelic serían considerados “limpios”. Ya sabemos que el actual director Sergio Micco ha sido silenciado por evidenciar los mismos desacuerdos manifestado por sus antecesores. ¿Terminará esta entidad como una oficina burocrática al igual que Conadi-Conama? (Esta última se disolvió en el 2010 al formarse el Ministerio de Medio Ambiente). Interesante fue el punto presentado por Claudio Nash Rojas, doctor en DDHH de la Universidad de Chile: “A propósito del affair Micco. ¿Llegó el momento de discutir a fondo la institucionalidad de derechos humanos en Chile?” (Ciper, 09.05.20).
Hay un detalle que Nash olvidó o lo dio por hecho (suele existir en sociedades democráticas): Sin librepensadores no se puede profundizar en ningún debate social, académico y político. El miedo a caer en una “caza de brujas” uniforma el pensamiento y diluye la divergencia. Hoy, pocos recuerdan la célebre frase atribuida a Voltaire (“The friends of Voltaire” S.G tallentyre): “No comparto tus ideas, pero defiendo con mi vida tu derecho a expresarlas”.