Nadie pone en duda que la prevalencia de enfermedades mentales en Chile crece en este año de pandemia. Si bien Chile no cuenta con una Ley de Salud Mental que vele por los derechos de las personas con trastornos psiquiátricos o psicológicos, en su historia reciente es posible rescatar el extraordinario trabajo que realizó en favor de este ámbito de la salud pública el médico psiquiatra Alberto Minoletti, fallecido en 2020.
Su labor como servidor público fue infatigable, su entrega se plasmó en normas y planes de salud mental para resguardar los derechos humanos de quienes sufren una discapacidad psíquica. Su generosidad enseñó a quienes trabajamos con él, entre los cuales me cuento, que no hay salud mental posible mientras no existan políticas públicas que aporten condiciones de bienestar y acogida a cada miembro de la familia humana.
Minoletti no solo abogó por mejorar condiciones propias del ámbito clínico, tales como asegurar el acceso a fármacos de primera generación a todos los que los requiriesen. La clave de su propuesta se sustentaba en asumir que, como ante cualquier otra enfermedad, quienes ven afectada su salud mental requieren que la propia sociedad les haga sentir su valor y su dignidad, sin la notoria exclusión de que suelen ser víctimas.
El norte que guio sus políticas fue la decisión de reducir la psiquiatría asilar, que mantiene por años encerrados en hospitales psiquiátricos a cientos de personas, negándoles toda posibilidad de insertarse en su comunidad. Minoletti buscó en la atención comunitaria, bajo supervisión de equipos de especialistas, la recuperación de la dignidad y equilibrio mental de sus pacientes.
Un Plan inconcluso
El Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría 2000, generado por el equipo de especialistas que lideró Alberto Minoletti desde su cargo de jefe de la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud, buscó trasladar a los pacientes de los hospitales psiquiátricos, para tratarlos en centros comunitarios o en servicios especiales instalados en hospitales generales.
En la década 2000-2010 Chile vio en todas sus regiones florecer hogares protegidos, hospitales de día y centros de rehabilitación social, en los cuales cientos de usuarios psiquiátricos pudieron encontrar tratamiento en lugares cercanos a su comunidad, con equipos especializados para contenerlos, poniendo fin así al encierro que por años debilitó sus condiciones psicomotoras, las propias expectativas de curación y vulneró de distintas formas sus derechos humanos.
Para Minoletti no era el diagnóstico lo más relevante, sino la condición humana y de ciudadanos que todos tenemos en un país que se supone vive en un estado de derecho.
El malabarista y nuestro equilibrio
El 5 de febrero, al conocer la muerte del joven malabarista Francisco Martínez, me estremeció de tristeza conocer su condición de persona con esquizofrenia. No faltarán quienes, con horror, miedo y hasta desprecio, crean que es mejor que esas vidas no subsistan porque: “esta gente ataca, mata, es violenta y peligrosa”.
Minoletti nos hacía ver que cualquier “persona normal” nos podría atacar e incluso darnos muerte violentamente en la calle, solo para robar nuestras pertenecías, una joya o el dinero. Ocurre a diario. Pero el estigma que pesa sobre quienes cargan un diagnóstico siquiátrico es demoledor. Y será difícil que nuestra población acepte educarse acerca de las enfermedades mentales. Hoy la mayoría de ellas son tratables y con buen pronóstico. Siempre y cuando los pacientes sean medicados de forma adecuada; con medicamentos de primera generación y asociando estas prescripciones con terapias psicológicas e intervenciones sociales.
Fui testigo de altos niveles de mejoría y rehabilitación de discapacidades, que permitieron integrarse en plenitud a la vida familiar, laboral y social a personas acogidas al sistema de salud pública, en el contexto del Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría 2000.
Lamentablemente en Chile estos avances aún no están al alcance de la mayoría, lo que favorece situaciones de exclusión, violaciones a los derechos humanos y la dignidad de los afectados por este tipo de dolencias. Urge un Ley de Salud Mental, lo sabemos hace años, cada cierto tiempo acontecimientos dramáticos vuelven a recordar a la opinión pública esta necesidad. Pero no avanzamos. Tal vez empecemos a hacerlo cuando ya sea tarde.
Francisco como un síntoma
El mayor riesgo para un paciente con una enfermedad mental lo constituye la sociedad, pues lo margina y no da garantías para que estudie, trabaje, tenga acceso a salud, a completar sus estudios o a la cultura, como cualquier ciudadano sujeto de derechos.
Si a ello añadimos otras formas en que la salud mental se viene dañando de manera notoria en estos tiempos de pandemia, podríamos estar hablando de una epidemia sanitaria en ciernes. Es fácil observar síntomas colectivos: un estado generalizado de tristeza, soledad, sufrimiento interno y alteración de las emociones, expresado en conductas agresivas y antisociales. Lo usual es buscar la calma y el equilibrio en las farmacias, pero no existen fármacos capaces de reemplazar el contacto humano.
Tal vez la muerte de Francisco Martínez, el malabarista de Panguipulli, y la conducta colectiva que siguió a los disparos que terminaron con su vida, sean otra luz de alerta sobre la salud mental de los chilenos como un derecho y un deber que reclaman su lugar.
Muy buena síntesis, que explica como una persona diagnóstica con enfermedad mental es discriminada. Hay que seguir avanzando y dar continuidad al pensamiento de Minoletti y otros que se la jugaron por un modelo de salud mental comunitaria.
Excelente columna, fundamentada y muy bien escrita, lo que se agradece mucho. Por en el tapete el tema de la salud mental chilena y de la ausencia de una política pública que ayude a repararlo. Ambos son parte de los problemas que nuestra sociedad pone debajo de la alfombra. Ojalá los y las constituyentes reparen en que debe ser materia de derecho básico.