En estos días, todos hemos sido expertos constitucionalistas, como antes fuimos entrenadores de fútbol, economistas o jueces de la moral ajena, y en el resumen parece haber un interés por erradicar las instituciones que nos hemos venido dando desde nuestro inicio como república, como si hacer un borrón y cuenta nueva resolviera los problemas de la sociedad chilena.
Las instituciones se pueden modificar, crear, reemplazar. Lo que no se puede hacer es eliminarlas sin dejar nada en su lugar ni menos alterar mágicamente la idiosincrasia nacional. En este sentido, es interesante ver las definiciones que hace el diccionario de las instituciones: “Cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado, nación o sociedad”, o bien “órganos constitucionales del poder soberano en la nación”.
En la medida que las sociedades se complejizan solo por el aumento de sus integrantes, se van proporcionando instituciones que ayudan a introducir orden en el natural desorden reinante. Las instituciones pueden dejar de ser útiles para dar paso a otras que ocupan su lugar, pero la idea misma de una institución como eje estructurador de una sociedad es insustituible e inevitable.
Para poder evolucionar como sociedad, es ineludible preguntarnos qué instituciones son necesarias y aquí es donde se establece el piso mínimo de lo que se ha denominado un nuevo pacto social. Una buena guía en este análisis es la pirámide de Maslow, que establece las prioridades humanas individuales desde el punto de vista de la psicología, aunque tiene aplicación en otras áreas como la economía. De acuerdo a esta teoría, lo primero que se deben asegurar son las necesidades fisiológicas (respiración, alimentación, reproducción) y las de seguridad (trabajo, salud, seguridad física y familiar, la propiedad). Luego vienen las necesidades de filiación (amistad, amor), las de reconocimiento (respeto, éxito) para terminar la pirámide con las necesidades de autorrealización (moralidad, creatividad, falta de prejuicios).
A nivel social hay otras necesidades, como el sistema judicial para resolver los conflictos, la paz social, una economía que permita satisfacer los requerimientos individuales, leyes consensuadas por todos y los medios para generar la riqueza que será reunida mediante un sistema tributario para ser distribuida posteriormente entre las personas.
Todo ello requiere instituciones que se hagan cargo de las responsabilidades específicas que van desde instalar un semáforo hasta cubrir las necesidades de las personas desde su concepción a su fallecimiento, estableciendo un equilibrio entre lo que aporte el Estado -que, en definitiva, es la suma de los aportes individuales y lo que generan las personas.