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Semana 178

Las “nuevas” mordazas

Pia Matta Publicado: 15 noviembre, 2012

A mediados de los años 90, en Chile se inició una sorprendente concentración económica y editorial de los medios de comunicación. En esos años se conformó un sector económico desregulado,  cuyos componentes principales son la industria de la entretención y la producción de información, de conocida influencia sobre la opinión pública. Se reforzó el control mediático en una sociedad en que los medios realizan la operación simbólica de naturalizar el estado de cosas y transforman la “opinión pública” (por principio deliberante) en “sentido común”.

Por otra parte, la liberalización  de las telecomunicaciones coincidió con una política de prescindencia del Estado en los asuntos relativos a los medios de comunicación, lo que se tradujo en la ausencia de políticas públicas en este campo.

En el plano legislativo, los gobiernos de la Concertación impulsaron La Ley nº 19.773  “Sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo”, conocida como Ley de Prensa, tramitada entre los años 1993 y 2001. En sus disposiciones generales esta ley establece “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa… asimismo, comprende el derecho de toda persona natural o jurídica de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social”. Sin embargo, para la radiodifusión esta libertad es letra muerta, pues la libertad comercial tiene primacía por sobre la libertad de expresión como derecho fundamental.

Existe una permanente tensión entre  pluralismo y libre competencia, ya que es el mercado el que opera como único asignador de recursos, postergando el rol del Estado como garante de derechos y libertades.

El sistema de concesiones para operar frecuencias de radio está protegido por el Estado, que debe resguardar el carácter temporal, renovable y/o permanente- de las concesiones y, a la vez, debe garantizar el derecho a fundar medios. Ante esta tensión cabe preguntarse si es coherente un cuerpo legal que propugna el acceso igualitario a las frecuencias de radio  pero que a la vez propicia la libertad económica que admite la transacción de frecuencias en el mercado.

Dicha contradicción alcanza mayor profundidad si consideramos que los mecanismos de regulación de la «libre competencia» son extremadamente débiles en Chile.

Completa este panorama, una ley de radios comunitarias que más que promover el sector sin fines de lucro,  coarta su desarrollo consagrándolas como el pariente pobre de la radiodifusión comercial.

La mayor concentración de la historia

En el contexto anteriormente expuesto ciertos grupos empresariales consolidaron su presencia en el país a través de una especulación con las frecuencias que dejó sin margen de acción a los radiodifusores regionales. Desde el 2007 se ha generado la mayor concentración de la radiodifusión en la historia nacional.

Cabe destacar que en las diversas recomendaciones a los Estados, la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, advierte que la justa distribución de frecuencias de radio es un principio orientador con el que se mide el grado de libertad de expresión en un país.

Cuando en 2007, el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) autorizó al conglomerado PRISA a comprar Iberoamerican, se  concentraron 11 cadenas de radio bajo un sólo operador, desoyendo la recomendación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), de obligar a vender cuatro de las redes nacionales del grupo. El no cumplimiento de la cláusula sobre la reciprocidad de las inversiones extranjeras en medios de comunicación, que establece la ley de prensa, es clave para comprender cómo el grupo PRISA España, llegó a  tener 211 frecuencias y casi el 40% de la inversión  publicitaria en el país, según megatime.

Hace unas semanas el Tribunal de la Libre Competencia TLDC decidió autorizar la compra de las Radios Horizonte y Oasis por parte de Canal 13, imponiendo como condición la prohibición de realizar ventas atadas y la obligación de mantener separados los negocios de radio y TV. El fallo, empero, no fue suficiente para  frenar la concentración de la propiedad de la radio y TV, ni sus efectos sobre la libertad de expresión.

La libertad de expresión es un derecho que el estado debe garantizar. En Chile, el Estado sigue ignorando el desigual acceso a los recursos -económicos, simbólicos y políticos- que determinan la participación ciudadana en el debate público y esto afecta la libertad de expresión cuyo propósito es ampliar el libre intercambio de ideas. Resulta imperativo que el Estado intervenga mediante políticas públicas que promuevan y desarrollen un sistema democrático de medios, capaz de amplificar la diversidad y la pluralidad de voces presentes en nuestra sociedad.



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