Se ha venido poniendo de moda desde la elección de Donald Trump el concepto de la posverdad, aunque hay algunos antecedentes académicos previos, entendiéndose como tal la explicación de la verdad ofrecida por un actor político.
Se trata, en simple, de entregarle al público una interpretación simple de los hechos, liberando a la audiencia de la tarea de hacer su propio proceso de comprensión, pero en realidad se trata de una simple mentira, cubierta a sí misma bajo un nombre más elegante. No es un acto generoso, sino interesado. Hasta maquiavélico, se puede decir.
La posverdad existe solamente en los medios de comunicación y las redes sociales, en donde los partidarios de quien entrega la interpretación “correcta” de la realidad se encargan de reproducirla hasta copar toda la capacidad de atención del público y hacer imposible que pueda acceder a una opinión distinta.
Una de las características esenciales de la posverdad es su carácter emotivo. No es una explicación racional sino un mensaje que apela a los miedos de la ciudadanía para que la acepte como la explicación correcta. La única y, por lo tanto, verdadera.
Como país que participa del área de influencia de Estados Unidos, en estos días hemos podido ver cómo se pone en escena un ejemplo perfecto de la posverdad: La tramitación y rechazo del proyecto de ley que aumenta el salario mínimo.
El Gobierno se encargó de hacer ver que el rechazo por parte del Congreso es un acto despiadado de desprecio de los políticos por el bienestar de los trabajadores con menores ingresos, y para eso obligó a votar como un paquete el reajuste con la idea de no volver a negociar un aumento hasta el año 2022, es decir que no se volviera a hablar del tema durante la actual negociación.
La oposición por su parte, incluso fragmentada, reacciono al intento y denunció que existía la disposición de aprobar el reajuste propuesto para esta oportunidad e incluso para marzo del próximo año si el Ejecutivo desistía de la idea de imponer la clausura de las negociaciones hasta que el asunto fuera problema del próximo Gobierno.
¿Quién dice la verdad? Todos y ninguno, porque la verdad en política no es una certeza absoluta y no se trata del reajuste o no reajuste sino de imponer una tesis interpretativa de la realidad que se traduce en que “nosotros somos los buenos y nuestros contendores los villanos”. La interpretación al final es responsabilidad de cada individuo y si cree a ojos cerrados en una de las posturas es que se ha dejado convencer y sólo se expone a un tipo de mensajes. Que cada uno asuma su responsabilidad.