Es fácil culpar al actual Gobierno de no haber resuelto los problemas en la Araucanía, pero la verdad histórica es que ha habido tratados previos, el de Quillín de 1641 con la Corona Española, y el de Tapihue de 1825 con la República de Chile, y ambos reconocían como frontera el río Biobío y una amplia serie de garantías para este pueblo, sin que ningún Gobierno haya dado una solución ni cumplido las promesas.
Cuando se trata de establecer un contexto para comprender la actual tensión entre mapuche y la autoridad chilena, a raíz de la muerte de Camilo Catrillanca, hay que comenzar comprendiendo que los mapuche nunca han aceptado con claridad ser parte del Estado de Chile, obviamente que ellos estaban primero en el territorio que españoles y chilenos invadieron, y que tienen una cosmovisión que es diferente.
Es sobre esas bases que se debe establecer una convivencia aceptable para las dos partes. Son muchas las alternativas jurídicas, pero ninguna tendrá éxito sin reconocer a la contraparte. En lugar de ello, se ha ido desplazando el límite de lo que se hace, siempre abusando cada vez un poco más de la paciencia de un pueblo que, en estricto rigor, nunca ha perdido una guerra ni aceptado vasallaje.
Otra dificultad adicional, posiblemente la mayor, reside en nuestra endémica tendencia nacional a buscar culpas en vez de asumir responsabilidades. Es evidente que un conflicto que se remonta casi desde el inicio de nuestra vida como república independiente genera numerosas generaciones formadas en la desconfianza y no se puede pretender que con demostraciones de fuerza se logrará la pacificación de un territorio que, para una de las partes en disputa, es libre y soberano.
En la obra Fuenteovejuna de Lope de Vega, todo el pueblo se une para asumir en conjunto la responsabilidad por haber asesinado al gobernante déspota, pero nosotros, al modo de Fuenteovejuna, hemos logrado un consenso para no resolver el problema y dejar que lo solucione el que venga después, limitándonos a hacer las mismas promesas que los mapuche vienen escuchando hace casi dos siglos.
En estas condiciones, hay que hacer un esfuerzo verdadero y sincero por abordar el problema que representa que un estado pretenda consolidarse sobre un pueblo que considera que el territorio y el imperio del derecho les son propios, de acuerdo a sus propias tradiciones. Cuando se les habla de la ley chilena, se les habla de algo que no reconocen como propio, por lo que para lograr una paz verdadera hay que partir por reconocer los derechos de cada una de las partes en conflicto. Hablar del problema mapuche o de terrorismo es simplificar demasiado las cosas, además de agregar prepotencia a un asunto que requiere suma delicadeza.